La elección judicial del próximo 1 de junio ha sido objeto de fuertes cuestionamientos luego de que se revelaran prácticas presuntamente ilegales por parte de gobiernos estatales, especialmente en Nuevo León, donde funcionarios y empleados públicos han sido involucrados en sesiones de “capacitación” política organizadas por Movimiento Ciudadano (MC). Bajo el argumento de preparación electoral, se ha implementado la “operación acordeón” que consiste en repartir acordeones con códigos numéricos para inducir el voto hacia perfiles cercanos al gobernador Samuel García y la Cuarta Transformación.
Aunque el uso de acordeones está permitido por el INE como apoyo al votante, el uso de recursos públicos, horarios laborales y personal gubernamental para repartir listas previamente definidas cruza la línea de la legalidad electoral y se convierte en un delito electoral.
INE investiga “Operativo Acordeón”
El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga al Gobierno de Nuevo León y al partido Movimiento Ciudadano (MC) por su presunta participación en el “Operativo Acordeón”, una estrategia que habría buscado influir en la reciente elección judicial mediante la presión a empleados estatales y la entrega de papeletas con nombres de candidatos afines al oficialismo. Aunque ambas partes negaron su involucramiento, el INE sigue recabando pruebas y llevará el caso ante la Sala Especializada del Tribunal Electoral para determinar si hubo ilegalidades.
La indagatoria se activó tras una serie de reportajes donde se documentaron reuniones y adiestramientos en sedes de MC, confirmados por una periodista infiltrada. A raíz de ello, se han presentado 29 denuncias, que también fueron turnadas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Las autoridades aún no definen una fecha para concluir el expediente, pero advierten que el caso involucra a funcionarios, partidos y recursos públicos, y podría marcar un precedente en la fiscalización de procesos judiciales organizados a nivel estatal.
Nueva denuncia por el “Operativo Acordeón”
Samuel García, actual Gobernador de Nuevo León, ha sido señalado nuevamente por su presunta implicación en la “Operación Acordeón”, una estrategia que, según denuncias recientes, busca interferir en el proceso de selección del Poder Judicial Federal que se llevará a cabo este domingo. La acusación fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por el Grupo de las Seis, quienes responsabilizan al mandatario de cometer irregularidades electorales y de atentar contra los derechos laborales y humanos de empleados del estado.
Las integrantes del grupo, entre ellas Liliana Flores, argumentaron que esta denuncia tiene como base una serie de reportajes que evidencian una maniobra coordinada entre funcionarios del Gobierno estatal y miembros de Movimiento Ciudadano. El plan, según su testimonio, consistiría en presionar a burócratas para que recluten votantes con el objetivo de favorecer a ciertos perfiles ligados al Ejecutivo.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el historial de Samuel García en temas electorales. De acuerdo con Flores, el Gobernador encabeza la lista nacional de funcionarios sancionados por tribunales locales y federales, acumulando el mayor número de sentencias por violaciones en procesos comiciales.
Candidatos alineados con MC y la 4T
Los acordeones entregados a funcionarios contenían números asignados a candidaturas específicas, tanto de mujeres como de hombres, en distintas categorías de la elección judicial: Ministros, Magistrados y jueces. En el caso de las mujeres, los códigos 03, 08 y 22 corresponden a Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ministras activas en la Suprema Corte, todas vinculadas ideológicamente con la 4T. También se incluyeron los números 12 y 21, asignados a Paula María García Villegas —hija de Olga Sánchez Cordero— y Magda Zulema Mosri, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En la sección masculina figuraban Ulises Carlín, exconsejero jurídico del gobernador Samuel García, y Sergio Javier Molina, quien ha sido cercano a la ministra Esquivel. Estos acordeones, aunque presentados como “preliminares”, incluían exactamente los mismos números de los perfiles que MC y el oficialismo buscan posicionar.
Sesiones de “adiestramiento” político como delito electoral
La alerta surgió luego de que una periodista de Grupo REFORMA se infiltrara en una de las reuniones organizadas por personal del gobierno estatal y miembros de MC, específicamente una sesión encabezada por Mayela Chapa, secretaria particular de Miguel Flores, coordinador de MC en el Congreso local.
Durante la actividad, se distribuyeron 15 acordeones y 20 boletas sin nombres para “practicar” el proceso de votación entre burócratas del estado. La capacitación ocurrió en horario laboral y con empleados activos, lo que revela un uso institucionalizado del aparato público para apoyar una estrategia partidista.
“Operación Acordeón” en otros estados
Este tipo de tácticas no es exclusiva de Nuevo León. En la Ciudad de México, circuló recientemente un acordeón atribuido a la dirigencia nacional de Morena, que incluía recomendaciones de voto basadas en una lista emitida por el Instituto de Formación Política del partido. Según fuentes internas, este documento fue entregado a militantes para orientar el voto hacia perfiles afines a la 4T.
Además, en Jalisco, gobernado también por MC, trabajadores estatales han denunciado que se les pidió movilizar a por lo menos 10 personas cada uno para votar en la elección judicial. Testimonios aseguran que estas acciones se coordinan desde una mesa de trabajo conjunta entre funcionarios del gobierno de Pablo Lemus y operadores del partido.
¿Quieres saber más sobre “Operativo Acordeón”?
Conoce quiénes son los candidatos señalados, los mecanismos de influencia detectados y el impacto que esto podría tener en un proceso que debería ser imparcial en el siguiente artículo: La polémica de los ‘acordeones’ electorales
