Mientras el consumo de agua permanece estable en miles de hogares de Nuevo León, los recibos no dejan de subir. Lo que debería ser un servicio público accesible se ha convertido, bajo el gobierno de Samuel García, en una carga económica cada vez más pesada para las familias. A través de aumentos graduales, nuevas cuotas y fórmulas de actualización poco transparentes, Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) ha incrementado las tarifas hasta en un 70%, sin que el gobierno estatal dé una explicación clara ni brinde alternativas para los más afectados.
Este encarecimiento se da en un contexto donde la crisis hídrica y la falta de inversión en infraestructura ya han deteriorado la confianza ciudadana. Lo más grave: ni siquiera quienes consumen menos agua han sido protegidos por la administración, pese a promesas previas de no afectarlos.
Aumento al agua se aprueba sin mayoría
El alza más significativa en las tarifas de agua en Nuevo León durante el actual sexenio fue aprobada sin contar con la mayoría del Consejo de Administración de Agua y Drenaje de Monterrey. Durante la sesión del 7 de marzo de 2022, cuatro consejeros —incluidos representantes del sector privado y del Congreso local— se abstuvieron de votar por falta de información. Ante el empate, el Gobernador Samuel García utilizó su voto de calidad para imponer el incremento.
Como resultado, los recibos domésticos han aumentado hasta un 70% entre marzo de 2022 y mayo de 2025, debido al ajuste aprobado, las actualizaciones mensuales contempladas en la ley y una nueva cuota de saneamiento. Aunque el Gobierno argumentó que la medida era urgente por la crisis hídrica, el proceso apresurado y sin consenso ha generado críticas por la forma en que se toman decisiones que afectan directamente el acceso al agua.
Aumentos en recibo de agua
En marzo de 2022, la administración de Samuel García anunció un alza en las tarifas del agua de entre 10% y 40%, con el argumento de que los ajustes no afectarían a quienes consumieran menos de 10 metros cúbicos al mes. Sin embargo, esa misma fecha se incorporó una nueva cuota de saneamiento equivalente al 12.5%, lo que automáticamente disparó los cobros, incluso a quienes supuestamente estaban “protegidos”.
Lo que no se dijo es que estas nuevas cuotas no reemplazaban el viejo sistema de actualizaciones automáticas previsto por la Ley de Agua Potable, el cual permite incrementar las tarifas cada mes con base en factores como inflación, sueldos, energía, depreciación y costos internos del organismo. Esta fórmula se ha seguido aplicando sin freno, mientras el Gobierno del Estado ha guardado silencio.
Samuel sube tarifas, no mejora el servicio
Las consecuencias de estas políticas ya están en los bolsillos de los ciudadanos. Los recibos reflejan aumentos notables, aun cuando el consumo se mantiene. Por ejemplo, los hogares que consumen 10 metros cúbicos o menos, pagaban en enero de 2022 mucho menos que ahora: el alza ha sido de 27%, superando ampliamente la inflación del mismo periodo.
La situación es aún más crítica para quienes consumen entre 11 y 29 metros cúbicos, el grupo más amplio entre los usuarios domésticos. En lugar del aumento moderado que prometió el gobierno (de entre 10% y 25%), las alzas reales han sido de 43% a 70%. Y para consumos mayores, los incrementos alcanzan hasta 131%, según los datos revisados por El Norte.
Un ejemplo concreto: alguien que en 2022 pagaba 239.38 pesos por 20 metros cúbicos, más una cuota fija de 74.30 pesos, ahora paga 383.66 y 94.40 respectivamente. Es decir, un incremento total del 52%, sin ningún beneficio adicional o mejora visible en el servicio.
Desinformación y cálculos confusos
Además de los incrementos, el manejo de la información ha sido deficiente. El Gobierno de Nuevo León no ha emprendido ninguna campaña clara para explicar los ajustes, y el sistema de cobro es complicado de entender para los ciudadanos.
AyD publica mensualmente un tabulador en su página oficial, pero incluso con ese documento, comparar cifras con el recibo es una tarea confusa. Los conceptos están desglosados de manera distinta: mientras en el recibo se separan los cobros de agua, drenaje y saneamiento, el tabulador los muestra sumados. Sin embargo, el cargo fijo no aparece en el tabulador, aunque sí impacta en el monto final. Este desfase genera más incertidumbre entre quienes intentan verificar que no están siendo cobrados de más.
La falta de claridad en la comunicación, sumada a la carga económica cada vez más pesada, ha provocado descontento generalizado. Lejos de proteger a los más vulnerables, el gobierno de Samuel García ha permitido que un recurso esencial como el agua se vuelva inalcanzable para muchos.
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