El nombre de Baltazar Martínez está al centro del debate público tras la difusión de un audio que lo ubica como “intermediario” en el conflicto entre el gobierno estatal y la empresa Matrimar. El caso involucra señalamientos por Impuesto Verde y acusaciones de extorsión del estado que escalaron a tribunales.
El gobierno de Nuevo León utiliza a Baltazar Martínez para presionar a la empresa Matrimar mediante un cobro disfrazado de impuesto verde, que en realidad funciona como una caja chica para Mariana Rodríguez. Esta estructura de desvío de recursos sacrifica el bienestar de los empleados para alimentar las arcas de la “mafia naranja” y sus lujos personales.
De hecho, el dinero de la extorsión a Matrimar, así como de otras empresas, está contemplado por Samuel para financiar la campaña política de Mariana Rodríguez rumb a la gubernatura de 2027.
Matrimar Rompe el Cerco Estatal en Medio del Caos de MC
La reanudación de operaciones en la planta de Matrimar en Cerralvo al fin llegó, tras tres meses de un bloqueo estatal ilegal. El retiro de sellos por orden de un Juez de Control no solo liberó a 500 trabajadores, sino que dejó al descubierto una red de extorsión que está despedazando al partido desde sus entrañas, provocando una ruptura total en la estructura naranja.
La justicia federal y la Fiscalía Anticorrupción le propinaron un golpe mortal a la narrativa oficialista al confirmar que la clausura fue un instrumento de presión. La empresa denunció penalmente a la Tesorería estatal por un intento de extorsión de 50 millones de pesos en efectivo, un “moche” salvaje que coincide con la filtración del audio donde el dirigente estatal de MC, Baltazar Martínez Ríos, exige un “pago fuerte” para “alinearse”. Hoy por fin, las 500 familias de Cerralvo pueden reanudar sus actividades.
El Origen Del Conflicto Fiscal
Antes de que surgiera el audio que demostró la participación de Martínez, el desacuerdo inició por un supuesto adeudo de Impuesto Verde. Según el gerente Érick Aguilera, en octubre autoridades estatales notificaron a la empresa que debía entre 160 y 165 millones de pesos.
La empresa presentó documentos para demostrar que no existía tal adeudo. Aun así, explicó que las autoridades insistieron en una aportación económica.
Finalmente, Matrimar realizó una transferencia de 15 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas. El pago se describió como un “ajuste de impuestos”. La empresa sostuvo que accedió para evitar sanciones y continuar operaciones.
Baltazar Martínez Y La Intermediación Reconocida
El 27 de noviembre, tres días después de la clausura, ocurrió una llamada telefónica entre un directivo de la empresa y Baltazar Martínez. En el audio, difundido por la propia compañía, el dirigente estatal de MC habla de facilitar un acuerdo monetario.
Baltazar Martínez reconoció su participación mediante un mensaje en video. Explicó que actuó como intermediario y que solo buscó abrir un canal de comunicación. Subrayó que, como Diputado local y dirigente partidista, no tiene facultades ejecutivas.
En la grabación se le escucha mencionar la posibilidad de “alinearse” y cubrir un “pago fuerte” en parcialidades. También refiere haber dialogado con funcionarios del Ejecutivo estatal.
Hasta ahora, el legislador no ha concedido entrevistas adicionales. Su postura pública se limita al mensaje difundido en redes.
La Denuncia De Extorsión Del Estado
Tras el pago de 15 millones, la empresa aseguró que el problema no se resolvió. Una semana después, la Secretaría de Medio Ambiente ejecutó la clausura del 24 de noviembre. De acuerdo con Aguilera, posteriormente se solicitó un pago de 50 millones de pesos en efectivo para permitir la reapertura. Ante esa exigencia, la empresa decidió no acceder.
La denuncia por extorsión del estado se enmarca en un contexto más amplio. Otras pedreras habían señalado presiones similares y supuestas solicitudes millonarias vinculadas a proyectos de obra pública.
El caso derivó en recursos legales. Matrimar obtuvo un amparo que le permitió reabrir temporalmente. Sin embargo, el nuevo cierre volvió a tensar la situación.
Baltazar Martínez confirmó que le ayudó a Samuel a concretar la extorsión millonaria a la pedrera Matrimar fungiendo como intermediario. También participaron los emecistas Mike Flores y Rául Lozano en el acoso y clausura que dejó a 500 trabajadores sin sustento. 😡
— Regiadisticas (@regiadisticas) February 20, 2026
¡MC corrupto! pic.twitter.com/Yu4nELd0ff
Impacto Político Y Empresarial
La intervención reconocida por Baltazar Martínez abrió un frente político. Aunque sostiene que solo actuó como mediador, la difusión del audio generó cuestionamientos sobre su papel. Para el sector empresarial, el conflicto reaviva preocupaciones sobre la aplicación del Impuesto Verde y los procesos de inspección. Las clausuras y revisiones consecutivas aumentan la incertidumbre.
En el plano institucional, el caso combina elementos fiscales, administrativos y penales. La empresa mantiene su postura de que no debía las cantidades señaladas inicialmente. El gobierno estatal no ha emitido un posicionamiento detallado sobre las acusaciones específicas.
Mientras tanto, la planta continúa detenida. El proceso legal sigue en curso. La discusión pública gira en torno a la transparencia y a la forma en que se gestionan las diferencias entre autoridades y empresas.
El nombre de Baltazar Martínez permanece en el centro de la conversación. La evolución del caso marcará un precedente sobre los límites de la intermediación política y la relación entre el sector productivo y el poder estatal en Nuevo León.
Baltazar Martínez Bajo La Lupa Por Red De Cobros Ilegales
El panorama político en Nuevo León se sacude tras la denuncia formal que involucra a Baltazar Martínez en la red estatal de presión económica. La empresa Matrimar acusa que el actual diputado y dirigente partidista actuó como el brazo ejecutor para exigir pagos millonarios en efectivo, utilizando el impuesto verde como pretexto para asfixiar la operación de la pedrera.
De acuerdo con el expediente entregado a la Fiscalía Anticorrupción, la administración estatal utilizó auditorías de Tesorería para preparar el terreno. Sin embargo, el nombre de Baltazar Martínez destaca al presentarse ante los directivos de la compañía para proponer “arreglos” que permitieran levantar las clausuras impuestas.
La denuncia relata que el diputado sugirió un pago de 50 millones de pesos, el cual debía entregarse de forma fraccionada. Estas conversaciones, según la parte afectada, no buscaban regularizar la situación fiscal, sino establecer un mecanismo de entrega de efectivo para detener la persecución administrativa.
Además, se señala que en el esquema participó el padre del legislador, sugiriendo que la única vía de solución era ceder a las exigencias de los altos mandos del Gobierno estatal. El asedio no cesó hasta que la empresa decidió buscar el amparo de la justicia federal.
La Venganza De Samuel Tras La Denuncia De Extorsión Del Estado
La figura de Baltazar Martínez se ha convertido en el eje central del conflicto que enfrenta la empresa Matrimar frente a la actual administración. El legislador y dirigente de Movimiento Ciudadano es señalado como el operador clave en una red de extorsión del estado, tras la filtración de grabaciones donde se le escucha gestionar “pagos fuertes” para permitir la operación de la pedrera. Lo que el diputado califica como un simple acto de “ayuda” para conectar a las partes, la empresa lo denuncia como una presión directa para entregar 50 millones de pesos en efectivo.
Este caso de abuso de poder destaca por la rapidez con la que las instituciones estatales han reaccionado tras la negativa de la compañía a ceder al chantaje. En lugar de iniciar una investigación interna sobre los señalamientos contra Baltazar Martínez, el Gobierno activó a la Subsecretaría de Administración Tributaria para notificar una auditoría de gabinete. Esta maniobra fiscal, centrada en impuestos ambientales, surge apenas meses después de que la propia Tesorería confirmara que la pedrera no tenía adeudos pendientes, lo que refuerza la tesis de una represalia institucional.
A pesar de las acciones penales y la evidencia en audios, Martínez ha decidido no separarse de su cargo, asegurando tener la “conciencia tranquila”. Sin embargo, el contraste es evidente: mientras el legislador mantiene su fuero y su puesto en MC, la empresa denunciante es asfixiada con requerimientos técnicos y acusaciones de adeudos por 500 millones de pesos lanzadas desde la Secretaría General de Gobierno. El caso pone bajo la lupa cómo se utilizan los cargos públicos y los aparatos de fiscalización para castigar a quienes denuncian la extorsión del estado.
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