Tras las denuncias públicas sobre un fraude electoral impulsado por Samuel García para influir en la elección judicial del 1 de junio, la estrategia ha cambiado de escenario. Ahora, en lugar de oficinas gubernamentales, las reuniones se trasladan a domicilios privados, donde incluso secretarios estatales participan activamente en las llamadas “capacitaciones”. Este nuevo modus operandi fue documentado por periodistas, quienes captaron al Secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, saliendo de una reunión en un domicilio en la colonia Mitras Norte.
El operativo, promovido desde el círculo cercano al Gobernador Samuel García, consiste en instruir a los empleados estatales para movilizar votantes utilizando un “acordeón” con los números de los candidatos afines al oficialismo. A los trabajadores se les ha advertido que deben reclutar al menos cinco personas cada uno, quienes deberán votar por los perfiles indicados. En caso de no cumplir, algunos han sido amenazados con despido. La presión se mantiene alta a medida que se acerca la jornada electoral.
Funcionario de Samuel García, ligado a fraude electoral
El martes, dos reporteras del diario El Norte fueron testigos de una reunión realizada en una casa marcada con el número 158 de la calle Lago de Pátzcuaro, en la colonia Mitras Norte, en Monterrey. De acuerdo con lo observado, empleados del Gobierno estatal, en su mayoría de la Secretaría de Medio Ambiente, comenzaron a llegar poco antes de la 1:00 p.m.
A las 12:49 horas, el titular de dicha dependencia, Alfonso Martínez Muñoz, llegó en una camioneta blanca y se estacionó cerca del domicilio. A las 12:56 horas salió del lugar al percatarse de la presencia de periodistas y se retiró brevemente, solo para estacionarse nuevamente unas cuadras más adelante, desde donde fue visto enviando mensajes durante más de 20 minutos. Aunque se intentó obtener su postura, el funcionario no respondió a las solicitudes de entrevista.
Samuel García opera red de fraude electoral
Los asistentes a la reunión relataron que, al igual que en otras “capacitaciones” reportadas en edificios públicos y sedes de Movimiento Ciudadano, se les entregó un listado preliminar de candidatos por quienes deberán votar. También se les solicitó conseguir al menos cinco credenciales del INE de familiares o conocidos que estén dispuestos a acudir a las urnas utilizando el acordeón oficial.
La lista definitiva, según se les dijo, será entregada en los días previos a la elección. Las tarjetas entregadas —del tamaño de una credencial— tienen los números de los aspirantes señalados y, en algunos casos, códigos QR para verificar la asistencia y el cumplimiento del voto. Esta dinámica ha sido señalada por especialistas como una forma de coacción electoral, especialmente porque se documentan los nombres de quienes han cumplido o no con la tarea asignada.
Colaboradores de Samuel García respaldan operativo
La aparición pública del Secretario Alfonso Martínez en una reunión de este tipo marca un precedente: es la primera vez que se documenta la participación directa de un miembro del Gabinete estatal en estas acciones. Sin embargo, no es la única figura cercana al Gobernador que ha respaldado la operación. Días antes, la Secretaria de Educación, Sofialeticia Morales, defendió el uso de acordeones al describirlos como “una guía para votar”, minimizando su carga política.
A pesar de las críticas, el Gobierno emecista continúa justificando la entrega de este material bajo el argumento de que los votantes tienen derecho a llevar notas personales a la casilla. No obstante, cuando esa información proviene de instancias gubernamentales o de funcionarios en funciones, el asunto adquiere un carácter legalmente cuestionable.
Cambios en el operativo de MC tras denuncias
Este nuevo esquema de reuniones en casas privadas surge tras semanas de denuncias en medios y redes sociales sobre el uso de edificios públicos para estos fines. En semanas anteriores, se habían realizado reuniones similares en la llamada Casona Mier —sede de Movimiento Ciudadano en el centro de Monterrey—, así como en instalaciones estatales como el Hospital Infantil.
La estrategia de trasladar estas juntas a domicilios responde a la necesidad de evitar filtraciones o fotografías que pudieran confirmar lo que múltiples empleados estatales ya habían denunciado: una red de presión institucionalizada desde el más alto nivel del Ejecutivo local. El sigilo, sin embargo, no ha sido suficiente para evitar que la prensa documente el operativo en evolución.
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Lee el siguiente artículo: Y el nuevo fraude: acordeones oficiales.
