¿Presiones por votos? La maquinaria del poder parece no tener límites. Ahora, las aulas se han convertido en un nuevo campo de batalla política en Nuevo León. En lugar de impartir clases o fomentar el pensamiento crítico, maestros y trabajadores de instituciones educativas estarían siendo forzados a participar en una operación electoral orquestada —según múltiples denuncias— desde el mismo gobierno estatal. La ex senadora, Indira Kempis, advirtió que se está buscando imponer a jueces del partido de Samuel a través de prácticas ilegales de presión institucional, Mientras tanto, el gobernador guarda silencio.
Amenazas Y Chantaje En Escuelas Públicas
Docentes y administrativos del Conalep, la UANL, la Preparatoria Militarizada y la Universidad Tecnológica de Santa Catarina han denunciado presiones para entregar credenciales del INE o conseguir votos, con la amenaza de perder su trabajo. Aunque oficialmente se presenta como un supuesto “Proyecto Cívico”, desde dentro lo describen con otra palabra: fraude electoral.
En al menos 17 planteles del Conalep, la instrucción es clara: entregar hasta 10 credenciales de elector por persona. A quienes se niegan, se les advierte que no se renovará su contrato. La operación, según testimonios, es encabezada por los directivos de cada plantel con respaldo directo de José Alfonso Rodríguez, representante jurídico de la Dirección General.
En la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, varios profesores relatan que la asignación de horas laborales está condicionada a la entrega de “contactos electorales”. Además, han sido obligados a asistir a eventos encabezados por Ulises Carlín, actual consejero jurídico del gobernador y aspirante a juez, donde se promueve abiertamente el respaldo a candidatos ligados a Movimiento Ciudadano. La exsenadora Indira Kempis también ha denunciado estos actos, acusando al gobierno estatal de utilizar las instituciones educativas como plataformas de presión política para imponer “jueces a modo”. “¿Cuándo va a ser el día que despertemos y Samuel, el ladrón narciso de Nuevo León, no haya hecho un desastre?”, cuestionó la activista. Señaló además al coordinador de la bancada naranja en el Congreso local, Miguel Flores Serna, y al dirigente estatal del partido, Baltazar Martínez Ríos, como los responsables de orquestar estos movimientos para asegurar votos el próximo 1 de junio.
Operación Política Desde Dentro De Los Planteles
Los testimonios apuntan a un esquema organizado que involucra grupos de WhatsApp, centros de llamadas y vigilancia interna, todo coordinado desde la Torre Administrativa. Según lo declarado, trabajadores de estas instituciones han sido extraídos de sus labores cotidianas para operar dentro de un Call Center montado para influir en el voto.
Lo más alarmante es que estos trabajadores siguen cobrando como si estuvieran cumpliendo sus funciones educativas. En la práctica, son usados como parte de una red de control electoral. Quienes intentan deslindar o no cumplen con “las metas” de contactos y credenciales, aseguran ser amenazados con despidos.
Aunque muchas de las víctimas han pedido permanecer en el anonimato, ya se han presentado al menos 10 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE). Sin embargo, el temor a represalias mantiene el silencio en muchas otras aulas.
Universidades Y Dependencias En La Mira De las Presiones Por Votos
En la UANL, aunque no se han reportado amenazas directas, sí existe un patrón de operación política soterrada. Las facultades de Ciencias Políticas y Medicina son señaladas por alentar —de forma sutil, pero insistente— la participación a favor de los candidatos impulsados desde Palacio. Directivos como Abraham Hernández y Óscar Vidal han sido mencionados como piezas clave en esta estrategia.
Otras dependencias estatales también han sido señaladas por participar en esta maquinaria de votos. La Secretaría de Salud y el Sistema Integral Para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos han recibido instrucciones similares: recolectar credenciales, empujar el voto y reportar cumplimiento.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿Cuántos favorcitos debe el gobernador como para recurrir a estas prácticas? Si pudiera, ¿Obligaría a todo Nuevo León a votar por sus compañeros de partido?
¿Estrategia Electoral O Plan Institucionalizado?
Las denuncias exhiben un patrón constante: uso de recursos públicos, amenazas laborales, vigilancia mediante grupos de chat, y condicionamiento de contratos. Todo con un solo fin: influir en las elecciones judiciales del 1 de junio.
El gobierno estatal, por su parte, no ha emitido declaración oficial alguna sobre estas acusaciones. Mientras tanto, la educación pública se ve atrapada en una red de intereses políticos, alejada de su razón de ser: formar ciudadanos críticos y libres.El número de denuncias ya es preocupante, pero el silencio institucional lo es aún más. Lo que debería ser una contienda libre, se ha convertido en una operación aceitada desde las entrañas del poder ¿El miedo a perder el empleo pesa más que la libertad del voto?
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