La figura del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, vuelve a estar bajo la lupa tras acumular 35 sentencias por violaciones a la ley electoral y sumar 28 denuncias más por un presunto operativo de coacción al voto conocido como “Operación Acordeón”. Ambos casos han sido formalmente turnados a instancias federales, lo que eleva el nivel de atención sobre su administración y su posible intervención en los procesos electorales de 2024.
En el primer caso, las sentencias han sido emitidas por tribunales federales y locales, mientras que las denuncias por el segundo están siendo investigadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), tras ser canalizadas por la Fiscalía de Nuevo León y, en algunos casos, presentadas directamente en la Ciudad de México.
Samuel García acumula 35 sentencias por promoción indebida
De acuerdo con información oficial, las 35 sentencias contra el Gobernador están relacionadas con conductas reiteradas que violan la ley electoral. Entre los motivos destacan el uso de recursos públicos para favorecer a Movimiento Ciudadano y la difusión de contenido propagandístico desde espacios institucionales. Las sanciones alcanzan incluso a publicaciones a favor de su esposa, Mariana Rodríguez, quien fue candidata a la alcaldía de Monterrey, así como a otros candidatos emecistas.
Del total de resoluciones, 10 fueron por favorecer directamente a Jorge Álvarez Máynez, exaspirante presidencial. Siete sentencias se relacionan con promoción a Movimiento Ciudadano en general y sus abanderados, mientras que otras cuatro apuntan a su fallida precandidatura presidencial y declaraciones contra rivales. También se incluyen actos de apoyo a Luis Donaldo Colosio y Martha Herrera, uso de símbolos religiosos en propaganda y declaraciones con tintes electorales desde el programa oficial “Nuevo León Informa”.
Suman 28 denuncias penales por la operación acordeón implementada por MC y el Gobierno de Samuel García para incidir en la próxima elección.https://t.co/uqGAOtIMZe
— elnortelocal (@elnortelocal) May 28, 2025
Denuncias por coacción del voto
A las sentencias se suma ahora un nuevo frente: 28 denuncias penales por la implementación de la “Operación Acordeón”, un presunto esquema mediante el cual empleados estatales fueron presionados para reclutar votantes a favor de candidatos ligados a Movimiento Ciudadano y la 4T. Según testimonios, el objetivo era asegurar votos para las elecciones del Poder Judicial Federal, y en caso de incumplimiento, se advertía sobre posibles represalias laborales, como despidos.
De estas denuncias, 23 fueron recibidas por la Fiscalía de Delitos Electorales de Nuevo León y ya fueron remitidas a la FISEL. Las cinco restantes fueron presentadas directamente en la capital del país. Gustavo Solís, titular de la fiscalía local, señaló que la recepción de denuncias sigue activa, y que algunos casos incluyen capturas de pantalla, audios y otros elementos que evidencian las supuestas irregularidades.
Dependencias y estructuras involucradas
Las instituciones señaladas como parte del operativo son diversas y abarcan varias áreas del aparato estatal. Entre ellas se encuentran las Secretarías de Salud, Educación y Medio Ambiente; el Instituto de Control Vehicular; la Defensoría Pública; universidades tecnológicas y preparatorias militarizadas. El esquema habría operado a través de directivos que instruyeron a empleados a reclutar al menos a 10 votantes cada uno, quienes recibirían instrucciones detalladas mediante “acordeones” con nombres específicos y códigos QR.
El caso tomó mayor fuerza luego de que, el 21 de mayo, una periodista del diario El Norte se infiltrara en una reunión de capacitación para burócratas, en la que presenció la distribución de estos materiales. Esto confirmó que el operativo era real y que estaba siendo implementado desde el interior de la administración estatal.
Limitaciones legales y seguimiento federal
Gustavo Solís explicó que, debido a que se trata de una elección federal, la Fiscalía de Nuevo León no tiene competencia para investigar directamente estos hechos, por lo que su papel se ha limitado a turnar las denuncias a la FISEL. No obstante, el fiscal reconoció que la firma de un convenio de colaboración con la instancia federal ha facilitado el flujo de información y permitido que más ciudadanos se animen a denunciar.
El caso está siendo monitoreado de cerca, tanto por la opinión pública como por autoridades electorales, debido a su posible impacto en la legitimidad del proceso judicial. La combinación de acciones sancionadas por tribunales y nuevas denuncias penales pone en entredicho el papel que el Ejecutivo estatal ha jugado en los comicios recientes, y podría tener repercusiones legales y políticas en los próximos meses.
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