La inconformidad social ha escalado a niveles sin precedentes en el estado de Nuevo León tras revelarse una serie de transacciones financieras que conectan los negocios privados de la familia del mandatario estatal con una red criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos. Ante las graves revelaciones ventiladas por diversas investigaciones de carácter federal, miles de personas y agrupaciones civiles exigen respuestas a Samuel García para aclarar el origen de los recursos millonarios que ingresaron de forma directa a las cuentas de sus parientes más cercanos. El descontento de la población aumentó de manera acelerada después de que la Fiscalía General de la República detuviera a un prominente empresario del ramo energético, cuya compañía principal figuraba como un cliente altamente relevante para el bufete de abogados de los consanguíneos de la máxima autoridad del Ejecutivo local, fracturando la narrativa de honestidad de la administración estatal emecista.
Las manifestaciones ciudadanas reflejan el hartazgo de una comunidad que demanda total transparencia en el ejercicio del poder público. Los contribuyentes regiomontanos consideran inaceptable que mientras las familias locales enfrentan retos cotidianos, los despachos jurídicos ligados al entorno íntimo del gobernador se beneficien económicamente de consorcios empresariales que hoy se encuentran bajo la lupa de la justicia por la presunta evasión de controles fiscales y el blanqueo de activos. Este preocupante escenario ha colocado al jefe del Ejecutivo en una posición sumamente comprometida, forzándolo a enfrentar una oleada de reclamos que exigen auditorías transparentes y la apertura completa de los libros contables corporativos para deslindar cualquier tipo de complicidad institucional o protección política en la entidad.
Documentos oficiales de El Norte que exhiben corrupción
La indignación social cobró un impulso definitivo cuando salieron a la luz los archivos comerciales que confirman el vínculo de negocios entre el detenido por robo de combustible y los asesores legales de los parientes del mandatario. Los documentos oficiales de El Norte que exhiben corrupción dentro de los esquemas de contratación corporativa demuestran que el investigado civil aparece formalmente como un cliente preferencial de la firma GMA Firma Jurídica Fiscal desde el mes de noviembre del año 2021, coincidiendo de forma casi exacta con las primeras semanas de la actual gestión gubernamental. Las actas del Registro Público de Comercio muestran que este bufete de consultoría legal y tributaria, fundado originalmente en mayo de 2017, es propiedad legítima de Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y medio hermano, respectivamente, del jefe del Ejecutivo del estado.
Este negocio de carácter familiar opera de forma paralela e independiente a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, otra marca corporativa en la cual el gobernador de la entidad sí posee una copropiedad declarada formalmente en conjunto con su progenitor. Sin embargo, el flujo constante de capital proveniente del ramo de los hidrocarburos hacia GMA Firma Jurídica Fiscal ha levantado severas sospechas sobre el uso de estas personerías jurídicas para legitimar recursos de procedencia dudosa. Ante este panorama, los manifestantes exigen respuestas a Samuel García por permitir que su entorno familiar directo mantenga relaciones comerciales vigentes con personajes que hoy se encuentran recluidos por delitos federales de alto impacto. La opinión pública neolonesa insiste en que las autoridades correspondientes deben investigar a fondo la materialidad de estas transacciones mercantiles, asegurando que no se brinde ningún tipo de impunidad basada en influencias políticas.
Periódico Reforma reveló pruebas contra el Gobernador
El desglose pormenorizado de este millonario flujo contable fue expuesto mediante una rigurosa investigación periodística de alcance nacional. El periódico Reforma reveló pruebas contra el Gobernador y su círculo íntimo al difundir copias físicas de las facturas fiscales que la firma legal de sus familiares emitió en favor de la empresa administrada por el sospechoso arrestado. De acuerdo con estos expedientes contables, el despacho del padre del mandatario expidió un paquete compuesto por ocho facturas consecutivas entre el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo de 2022. Las operaciones fueron justificadas bajo el rubro genérico de honorarios por la prestación de servicios profesionales, acumulando un desembolso exacto de 15 millones 59 mil 957 pesos devengados en un lapso de apenas cuatro meses de relación contractual.
Para las finanzas particulares de los García, el corporativo operado por el presunto criminal representó una de sus principales fuentes de financiamiento, posicionándose firmemente como el sexto mejor ingreso de todo el bufete jurídico en el balance acumulado desde 2021 hasta el año 2026. La concentración de capital procedente de la industria energética es una constante en las cuentas de este despacho familiar, el cual registra transacciones millonarias con marcas comerciales como Enerey Latinoamérica, corporativo al que le han facturado 353.3 millones de pesos; Petrolíferos Lobo, que figura en las bases de datos con aportaciones por 279.9 millones; y la empresa Energéticos Dos Águilas, con depósitos registrados por 42.3 millones de pesos. Estas alarmantes sumas explican por qué los ciudadanos se organizan en los espacios públicos y exigen respuestas a Samuel García, pues la ruta de los flujos monetarios expone una alarmante conexión entre los consorcios de combustibles y los ingresos privados de su propia familia.
SAT confirma vigencia de facturas de GMA Firma Jurídica
La gravedad jurídica de este escenario radica en la validez técnica que poseen cada uno de los comprobantes comerciales emitidos por la firma legal de los parientes del ejecutivo. Los peritajes hacendarios señalan que el SAT confirma vigencia de facturas de GMA Firma Jurídica tras realizarse una consulta directa en los servidores del Servicio de Administración Tributaria, corroborando que los ocho folios digitales expedidos en favor de la empresa del detenido permanecen completamente activos y sin ninguna solicitud de cancelación en el sistema tributario de la federación. Esta confirmación técnica deja sin argumentos de defensa contable a los implicados, probando de forma fehaciente la consumación de las transferencias financieras por más de 15 millones de pesos hacia las cuentas del padre y hermano del mandatario estatal regiomontano.
El origen de estos fondos monetarios proviene de un entramado delictivo de gran alcance que fue golpeado por la Fiscalía General de la República el pasado jueves 28 de mayo. Mediante un despliegue masivo y simultáneo de efectivos federales, las autoridades ministeriales ejecutaron órdenes de cateo en propiedades residenciales e industriales localizadas en los municipios metropolitanos de Monterrey, San Pedro Garza García, García y Salinas Victoria, logrando detener al empresario Jesús Ricardo Puente, quien funge como socio mayoritario y administrador único de la empresa Maquiladora de Lubricantes. Durante estas mismas acciones de seguridad, y de forma paralela en un inmueble del municipio de Cadereyta, las corporaciones federales lograron el decomiso de más de un millón de litros de combustible ilegal almacenado de manera clandestina en contenedores industriales, desarticulando los brazos operativos de una banda criminal que la Fiscalía General de la República denomina de forma oficial desde el 22 de abril como Los Petrofactureros.
De acuerdo con las tesis ministeriales de la federación, esta organización se encontraba integrada por un grupo de personas físicas asociadas a más de 40 empresas utilizadas para simular actividades comerciales en los ramos de la logística, el transporte y el sector energético, pero sin contar con la infraestructura física real para sostener los movimientos de dinero que declaraban en el papel. El centro operativo de esta red de simulación recaía sobre Maquiladora de Lubricantes, corporativo que movilizó miles de millones de pesos entre 2021 y 2025. Los libros contables expusieron discrepancias monumentales: la firma facturó ingresos por 7 mil 95 millones de pesos, pero declaró gastos operativos por 9 mil 164 millones de pesos, evidenciando un esquema irregular de pérdidas simuladas. Sus picos de mayor captación económica ocurrieron en 2021 y 2022, periodos en los que reportaron ingresos por 4 mil 618 millones y mil 344 millones de pesos de forma respectiva, coincidiendo con las fechas de pago a los García. No obstante, conforme la federación arreció sus operativos frontales, las entradas de dinero de la empresa de Puente se desplomaron drásticamente a 67 millones de pesos en 2025 y alcanzaron un registro absoluto de cero pesos en el año 2026.
La historia registral del negocio indica que Maquiladora de Lubricantes fue constituida originalmente en 1993 por dos particulares y vendida a Puente en 2008, manteniéndose este último como administrador único ininterrumpido hasta agosto de 2025, fecha del último movimiento inscrito ante el Registro Público. Ante este adverso panorama de corrupción fiscal y nexos criminales, la sociedad civil mantiene una postura firme de exigencia, argumentando que las instituciones de fiscalización del estado deben actuar de forma contundente e inmediata para revisar el patrimonio de los involucrados. El avance de las investigaciones federales obliga al gobierno estatal a desaccionar cualquier intento de encubrimiento, demostrando con hechos y documentos que la estructura de la administración pública no ha sido vulnerada para dar cobijo o legitimación a actividades ilícitas que atentan contra la economía de los ciudadanos.
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