En solo seis meses, el Gobierno de Nuevo León encabezado por Samuel García ha extraído 800 millones de pesos de la Red Estatal de Autopistas (REA), un incremento del 166 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Esta práctica, que se repite año con año, ha convertido a las autopistas de cuota en una fuente recurrente de financiamiento para las necesidades de la administración estatal, aunque los fondos no siempre son utilizados para mejorar la infraestructura vial.
Mientras el gobernador asegura que estas transferencias permiten impulsar proyectos clave como las nuevas líneas del Metro, la realidad es que la deuda de la REA sigue creciendo. Además, persisten dudas sobre la legalidad y la transparencia con la que se manejan estos recursos, especialmente cuando no existe un presupuesto aprobado por el Congreso local ni claridad sobre el destino de cada peso extraído.
Incrementan transferencias sin control
El último reporte financiero de la REA, con corte al 30 de junio de 2025, muestra un retiro de 800 millones de pesos transferidos directamente a la Tesorería estatal. En comparación, a estas alturas del año pasado, el Gobierno había tomado 300 millones de pesos, y al finalizar 2024 la cifra ascendió a 2 mil 900 millones, una marca sin precedentes.
Este nivel de extracción prácticamente igualó la suma total de recursos retirados por administraciones anteriores durante los ocho años anteriores, de 2016 a 2023. En otras palabras, lo que Samuel García recaudó en un solo año casi alcanzó lo que otros gobernadores hicieron en todo un sexenio.
El actual gobierno ha hecho de esta práctica una constante, dejando atrás a sus antecesores, tanto al independiente Jaime Rodríguez Calderón como al priista Rodrigo Medina, quienes también utilizaron fondos de la REA, aunque en menores proporciones.
Deuda pública en aumento con Samuel García
A la par de estas transferencias, la deuda del organismo operador de autopistas no ha dejado de crecer. En abril de este año, la REA presentó a Banobras una solicitud de financiamiento por 10 mil 500 millones de pesos, bajo el argumento de acelerar las líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, obras que están a cargo directamente del Gobierno central.
Aunque estos nuevos pasivos aún no aparecen en los estados financieros oficiales al cierre de junio, la deuda a largo plazo de la REA ya asciende a 15 mil 369 millones de pesos, lo que equivale a 4.5 veces el ingreso total por peajes del Periférico y la Autopista a Cadereyta, sus principales fuentes de recaudación.
Además, el organismo tiene en puerta la construcción de la última etapa de la Carretera Interserrana, un proyecto de alta complejidad que requerirá dos túneles y 12 puentes en un tramo de 38 kilómetros a través de la Sierra Madre. La licitación ya está en proceso y, al igual que el resto de los megaproyectos del sexenio, será financiada con deuda, lo que incrementará aún más las obligaciones financieras de la REA.
2024 también fue año récord
El antecedente inmediato de este patrón se remonta a 2024, cuando la extracción de recursos desde la Red Estatal de Autopistas alcanzó 2 mil 900 millones de pesos, el triple de lo que se tomó en 2023. Esa cifra representó el 44 por ciento de los ingresos totales de la REA ese año.
Lo más grave es que estos retiros se realizaron en un contexto de reconducción presupuestal, es decir, sin un presupuesto aprobado por el Congreso ni la autorización para endeudarse. Aún así, el Gobierno estatal encontró en las autopistas una vía para financiar sus gastos, lo que ha generado preocupaciones sobre la legalidad del uso de estos fondos.
En 2023, la extracción había sido de 900 millones de pesos, equivalentes al 16 por ciento de los ingresos del organismo. La diferencia con 2024 evidencia una tendencia creciente que ahora se mantiene en 2025 con los 800 millones extraídos en solo seis meses.
Samuel García Exprime Recursos de Autopistas
Los recursos que se obtienen a través del pago de peaje por los automovilistas que circulan por las autopistas estatales deberían estar destinados al mantenimiento, operación y mejora de la infraestructura vial. Sin embargo, la constante transferencia de estos fondos a la Tesorería ha convertido a la REA en lo que varios analistas describen como una “caja chica” del Gobierno estatal.
Lo preocupante no es solo la magnitud del dinero extraído, sino la falta de transparencia sobre su destino final. Aunque se menciona que parte de estos recursos se utilizan para proyectos como las líneas del Metro, no existe un informe detallado que justifique ni documente el uso específico del dinero.
En este escenario, los ciudadanos se ven doblemente afectados: por un lado, pagan tarifas de peaje elevadas y, por otro, los servicios de transporte no mejoran al ritmo que se esperaría, mientras que la deuda pública se acumula sin control ni supervisión legislativa.
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