La ciudadanía exige respuestas claras ante el presunto desvío de recursos públicos en Juárez y las graves irregularidades que rodean al gobierno naranja en Nuevo León. Diversas investigaciones periodísticas exhiben cómo la administración estatal acumula expedientes legales, mientras el patrimonio de sus principales operadores crece sin justificación clara. El caso involucra directamente a Mónica Oyervides, actual alcaldesa municipal, así como las múltiples denuncias hacia Félix Arratia por el manejo opaco del erario estatal.
Escándalos por el desvío de recursos públicos en Juárez y el estado
La gestión del gobierno naranja enfrenta uno de sus episodios más críticos tras revelarse una red de presuntas anomalías financieras. Integrantes del colectivo ciudadano Grupo de las Seis acudieron formalmente ante la Fiscalía Anticorrupción para denunciar penalmente a Félix Arratia, actual secretario de Igualdad e Inclusión, junto al activista Cosijoopii Montero. La querella señala un quebranto superior a los 270 millones de pesos mediante el programa estatal de reforestación.
Rebeca Clouthier Carrillo, vocera de la agrupación civil, explicó que las autoridades estatales simularon la plantación de más de 650 mil árboles utilizando facturas clonadas y empresas inexistentes. Esta falta de rendición de cuentas desató una ola de indignación social, pues mientras los contribuyentes financian presupuestos millonarios, los espacios públicos continúan deteriorados. Ante este panorama, demandaron auditar de inmediato los sobrecostos detectados en la Alameda Mariano Escobedo y fincar responsabilidades penales.
Aunado a este escándalo ambiental, el funcionario estatal arrastraba un historial polémico desde su paso por la Subsecretaría de Administración Tributaria. En aquel cargo, reconoció públicamente que enfrentaba ocho carpetas de investigación en distintas fiscalías por abuso de autoridad, chantaje y amenazas, situación que lo obligó a pedir licencia temporal. Asimismo, durante su administración tributaria, el gobierno estatal ejecutó embargos a cuentas municipales por adeudos fiscales, generando fuertes tensiones políticas en la entidad.
Cuestionamientos por contratos opacos y compras sin sustento
Los señalamientos contra la administración municipal de Juárez evidencian un patrón de opacidad en la asignación de contratos millonarios. Reportes periodísticos recientes documentan que Félix Arratia, durante su etapa previa como alcalde, destinó más de 140 millones de pesos para adquirir uniformes escolares. Para concretar dicha operación, el ayuntamiento recurrió a una empresa facturera y a otra compañía vinculada con investigaciones por lavado de dinero y defraudación fiscal.
Hasta la fecha, las autoridades municipales mantienen ocultos los precios unitarios, las facturas detalladas y el padrón real de estudiantes beneficiados. Lejos de ofrecer una explicación técnica sobre el destino de estos recursos públicos, el ahora funcionario estatal minimizó las críticas en un discurso reciente, asegurando que los medios solo buscan avivar conflictos políticos. Esta actitud evasiva alimenta la percepción de impunidad que prevalece en torno a las finanzas de Juárez.
El inexplicable patrimonio inmobiliario de Mónica Oyervides en Santiago
En medio de estas acusaciones por el manejo del erario estatal y municipal, surgió otro escándalo relacionado con el círculo familiar del secretario. El periódico EL NORTE reveló que Mónica Oyervides compró al contado una finca campestre valuada en 8.1 millones de pesos en el municipio de Santiago. La transacción ocurrió en noviembre del año pasado, cuatro meses antes de que ella asumiera la alcaldía de Juárez en relevo de su esposo.
Cuando adquirió la propiedad, la funcionaria ocupaba únicamente un puesto honorario en el sistema DIF local y carecía de ingresos propios suficientes para solventar semejante gasto. Su declaración patrimonial de mayo confirma la posesión del terreno de cinco mil tres metros cuadrados en el Fraccionamiento Campestre Las Huertas, pero omite cuentas bancarias, inversiones o ahorros previos. Además, el ayuntamiento mantiene reservado su sueldo actual, aunque el tabulador de enero establecía una percepción bruta mensual de 70 mil 500 pesos.
Opacidad persiste ante el desvío de recursos públicos en Juárez
La revisión de los registros fiscales de la alcaldesa profundiza las dudas sobre la procedencia legítima del capital utilizado para comprar la quinta. Entre 2021 y 2026, sus ingresos totales facturados alcanzaron apenas 7.1 millones de pesos, cifra inferior al costo del inmueble equipado con alberca y amplios jardines. La mayor parte de esos recursos provino de una florería constituida en la Ciudad de México y de despachos contables y jurídicos propiedad de su cónyuge.
Por otro lado, su trayectoria laboral formal resulta prácticamente inexistente fuera de su reciente incursión en la política municipal. Los reportes ante Hacienda indican que su único empleo remunerado previo consistió en impartir clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde cobró un total de 48 mil 528 pesos entre 2022 y 2023. Este marcado contraste entre sus percepciones históricas y su nivel de gasto actual exige una investigación exhaustiva por parte de los órganos fiscalizadores.
Finalmente, tanto la alcaldesa como el secretario estatal evitaron responder a las solicitudes de entrevista para aclarar el origen de los fondos. Mientras Mónica Oyervides limitó su postura a reclamar en redes sociales que la identifiquen como esposa del funcionario, la ciudadanía de Nuevo León sigue esperando transparencia. La persistencia de estas prácticas opacas deteriora la confianza pública y demanda sanciones ejemplares contra cualquier abuso financiero.
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