- Detalles de la cancelación
- Reasignación parcial de camiones
- Estrategia para cubrir las unidades de camiones restantes
- Críticas por opacidad y falta de planeación
El Gobierno de Nuevo León y Samuel García enfrentan un nuevo tropiezo en su estrategia de renovación del transporte público. El Instituto de Movilidad (IMA) informó la cancelación del contrato correspondiente a 700 de las mil 500 unidades adquiridas en diciembre pasado, el cual había sido adjudicado al consorcio Sinomex-Velcen Motors-Xian. Diversos incumplimientos por parte del proveedor llevaron a esta decisión.
Detalles de la cancelación
Durante la más reciente reunión de la Junta de Gobierno del IMA, Abraham Vargas, encargado del despacho del organismo, explicó que la adjudicación a Sinomex-Velcen Motors-Xian no pudo concretarse debido a fallas en el cumplimiento de los compromisos establecidos. “Desafortunadamente, la adjudicación fue cancelada. Se notificó a la Contraloría para que inicie los procedimientos correspondientes, ya sea el cobro de la garantía de seriedad o la inhabilitación del proveedor”, detalló Vargas.
Reasignación parcial de camiones
Tras la cancelación, el IMA buscó alternativas para cubrir al menos parte de las unidades comprometidas. A través de un nuevo proceso de invitación a tres proveedores, se logró recibir ofertas económicas para asignar 400 unidades. Aunque este fallo debió resolverse durante la misma sesión, hasta ahora no se ha revelado públicamente el nombre del proveedor seleccionado para dicha asignación.
Estrategia para cubrir las unidades de camiones restantes
Respecto a las 300 unidades restantes, el funcionario explicó que 100 de ellas ya fueron adquiridas mediante la ampliación de contratos vigentes con otros proveedores. Las 200 unidades restantes, según indicó Vargas, se buscará adquirirlas por adjudicación directa, aunque no se especificaron los plazos ni las condiciones bajo las cuales se realizará este proceso.
Críticas por opacidad y falta de planeación
Diversos actores políticos y sociales han expresado su preocupación por la forma en que el Gobierno estatal ha manejado este proceso. Consideran que la cancelación del contrato y la necesidad de recurrir a adjudicaciones directas reflejan una falta de planeación adecuada desde el inicio del proyecto. Además, advierten sobre el riesgo de que estos nuevos procesos de asignación carezcan de la suficiente transparencia, alimentando las dudas sobre el uso de los recursos públicos y la eficacia de la estrategia de renovación del transporte en Nuevo León.
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