Aunque el gobernador Samuel García afirmó que mayo de 2025 fue el mes más seguro en ocho años en Nuevo León, las cifras disponibles sobre delitos graves contradicen ese discurso. A falta de datos oficiales actualizados, su declaración se basa en estimaciones no verificadas, mientras los registros anuales muestran un aumento sostenido en homicidios y otros delitos de alto impacto durante su administración.
A lo largo de los últimos cinco años, los índices de violencia en Nuevo León han seguido una tendencia al alza, que pone en duda la efectividad de las estrategias implementadas por el gobierno estatal. La promesa de “blindar” al estado sigue lejos de cumplirse.
Samuel García amaneció bien Máynez e insistió que Nuevo León es semaforo verde en seguridad.
— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) June 1, 2025
Regios lo retaron a que camine sin escolta por barrios y pueblos peligrosos.
También presumió baja récord criminal.
Y dejan que cárteles se lleven cuerpos, como el 5 de mayo en Rayones. pic.twitter.com/kczRr3ubzA
Aumentan homicidios en administración actual
Uno de los indicadores más alarmantes es el número de homicidios dolosos, que en los primeros tres años del gobierno de Samuel García ha crecido un 16%, al pasar de 1,328 víctimas en 2022 a 1,539 en 2024. Estas cifras sitúan al estado con más de mil homicidios por año, el nivel más alto registrado en la última década.
Además, entre 2018 y 2023, los homicidios totales se incrementaron en 57%, y los homicidios dolosos en 82%, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Aunque en mayo de 2025 se reportó de forma preliminar una baja con 56 homicidios —la cifra más baja desde 2016—, expertos advierten que un solo mes no puede tomarse como prueba de una mejora estructural. De hecho, los picos de violencia en los meses anteriores contradicen cualquier narrativa de disminución sostenida.
Delitos de alto impacto siguen creciendo
Los homicidios no son el único problema. Otros delitos graves también han mostrado aumentos sistemáticos. En los últimos cinco años, crímenes como feminicidio, secuestro, extorsión, robo a casa y negocio, lesiones, delitos sexuales, violencia familiar y narcomenudeo han crecido en conjunto más de 33%.
Estas cifras desmienten los mensajes recientes del gobierno estatal que hablaban de reducciones generales de entre 70% y 80% en los delitos. La organización Verificado analizó los datos y concluyó que tales afirmaciones eran inexactas o carecían de sustento estadístico.
El uso de cortes mensuales o cifras selectivas para resaltar resultados positivos genera una percepción distorsionada de la situación real, que no se refleja ni en las estadísticas anuales ni en la experiencia cotidiana de los ciudadanos.
Ciudadanía percibe alta inseguridad
Pese a los esfuerzos del gobierno estatal por posicionar un discurso de mejora en seguridad, la percepción ciudadana va en otro sentido. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 70.3% de los adultos en Nuevo León considera que la inseguridad es el principal problema del estado.
Esta preocupación supera incluso a temas como la escasez de agua (51.1%) o el aumento de precios (29.7%). Las respuestas a publicaciones del propio gobernador reflejan ese malestar: “acá seguimos contando balaceras y asaltos”, escribió una usuaria. Otro comentario resumía el sentir general: “esa paz solo existe en sus gráficas”.
La desconexión entre cifras oficiales y percepción ciudadana plantea una crisis de confianza que no se resuelve con declaraciones optimistas, sino con resultados verificables y sostenidos.
Datos de mayo no disponibles
La afirmación de que mayo fue el “mejor mes en seguridad” tampoco puede confirmarse porque los datos oficiales aún no se publican. Las plataformas de la Fiscalía estatal y del SESNSP solo muestran cifras hasta abril de 2025, y la actualización correspondiente a mayo está programada para el 20 de junio.
El gobernador Samuel García difundió su mensaje sin esperar esta actualización, y basándose en cifras preliminares que no son definitivas ni reflejan el contexto completo. Expertos coinciden en que el uso anticipado de datos no verificados contribuye a la desinformación y obstaculiza un análisis serio de las políticas de seguridad.
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