A las madres buscadoras de Nuevo León les urge que les den respuestas claras porque la situación con el dinero para los suyos ya se puso bastante crítica. Varias familias regias se toparon con pared al ver las cuentas vacías, pues denunciaron formalmente los severos atrasos en apoyos del DIF en Nuevo León que debían entregarse a los menores que sufren la ausencia de sus padres. Las afectadas señalan que las prioridades del gobierno estatal parecen estar en otros lados, dejando desprotegidos a los sectores más vulnerables de la entidad.
El conflicto escaló tanto que las representantes de los afectados decidieron acudir directo a las oficinas gubernamentales para exigir una explicación real sobre los recursos congelados. Durante este encuentro, los directivos de la dependencia estatal se limitaron a justificar las fallas argumentando que se realizaron movimientos internos y relevos de personal en el organigrama. Sin embargo, las ciudadanas recalcan que la burocracia no justifica que los recursos sigan sin llegar a las familias que diariamente viven un calvario económico y emocional.
Colectivos de familias de desaparecidos: El reclamo por los recursos retenidos
Las integrantes de organizaciones civiles como Buscadoras de Nuevo León y el grupo Amores alzaron la voz con fuerza para evidenciar que las reglas del juego cambiaron sin previo aviso. Las activistas explicaron que tradicionalmente los procesos de registro comienzan durante el primer trimestre del año, una fecha que ya pasó hace bastantes meses sin que vean claro el dinero. En las pláticas con los funcionarios, se les notificó que la emecista Alejandra Morales tomó el mando de la Dirección General del DIF a inicios de junio, reemplazando a Gloria Bazán, quien estaba en el puesto desde 2022.
Para las afectadas, los cambios de nombres en las oficinas no deberían frenar el programa de apoyos a hijos de personas desaparecidas, el cual es un derecho ganado para proteger a las infancias del estado. Tras la presión ejercida en las instalaciones gubernamentales, las autoridades locales hicieron la promesa de destrabar los trámites y publicar las bases correspondientes en un periodo máximo de dos semanas.
Programa de apoyos a hijos de personas desaparecidas: Una ayuda económica que se quedó en el limbo
El beneficio consiste en una transferencia mensual de mil 200 pesos por cada menor registrado en el padrón oficial. Las madres buscadoras señalan que este dinero, aunque es una cantidad modesta, alivia un poco los gastos escolares y de alimentación básica de las niñas y niños. Al no liberarse la convocatoria del DIF para hijos de desaparecidos, decenas de familias han tenido que armar el plan como pueden para subsistir, enfrentando un atraso de apoyos económicos en Nuevo León que se vuelve insostenible a mitad de año.
La molestia de los ciudadanos es evidente, pues consideran injusto que mientras el estado presume finanzas o eventos masivos, los recursos destinados al bienestar social se entreguen a cuentagotas. Los representantes sociales advirtieron que vigilarán de cerca el cumplimiento de la promesa de los 15 días, pues no permitirán que el atraso de apoyos económicos en Nuevo León siga afectando el bolsillo de los más desprotegidos.
Presupuesto para hijos de desaparecidos: Una bolsa económica que resulta insuficiente ante la crisis
La discusión con el gobierno estatal no se limitó únicamente a las fechas de pago, sino que también puso el dedo en la llaga sobre el dinero total asignado. Actualmente, el presupuesto para hijos de desaparecidos que maneja la entidad es de apenas 2 millones 64 mil pesos anuales, una cifra que los colectivos consideran totalmente fuera de la realidad neolonesa.
Los colectivos de familias de desaparecidos detallaron que los fondos actuales apenas cubren las necesidades de 142 menores de edad en todo el estado. La realidad es mucho más cruda, ya que se calcula que existen más de mil 500 infantes en Nuevo León que requerirían de este esquema de atención integral. Por esta razón, las familias han acudido de forma reiterada al Congreso Local durante los últimos tres años para exigir que se modifiquen las partidas financieras y se incremente de forma sustancial el dinero asignado.
En conclusión, la crisis provocada por los atrasos en apoyos del DIF en Nuevo León evidencia la falta de coordinación institucional y la urgencia de ampliar la cobertura para las víctimas colaterales de la desaparición forzada. Las familias esperan que la nueva dirección cumpla su palabra en el plazo establecido para mitigar la vulnerabilidad económica de los menores. ¿Crees que las autoridades estatales logren regularizar la entrega de estos fondos sociales en las próximas dos semanas?
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