En Nuevo León, la Secretaría de Medio Ambiente ha dejado de ser un organismo enfocado en la protección ecológica para convertirse en un instrumento de presión política y financiera. Bajo el mando de Samuel García Sepúlveda, y con la incorporación de Raúl Lozano en mayo pasado, se ha consolidado una estrategia que, según denuncias, busca extorsionar a empresas para llenar las arcas de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones de 2027.
Este reportaje expone cómo el “quita y pon” de titulares en la dependencia, la persecución selectiva de industrias y el uso político de la agenda ambiental han generado un ambiente de miedo e incertidumbre entre los sectores productivos del estado.
El Juego Del Quita Y Pon En La Secretaría
Desde el inicio de su administración, Samuel García ha tratado la Secretaría de Medio Ambiente en Nuevo León como si fuera una ficha de ajedrez. En apenas tres años, la dependencia ha visto desfilar a varios secretarios, algunos con menos de un año en el cargo.
La llegada de Raúl Lozano en mayo de 2025 parece marcar un punto de inflexión: lejos de impulsar políticas ambientales sólidas, su misión habría sido clara desde el principio: alinear a las empresas a los intereses del gobierno o cerrarlas.
Esta estrategia, según fuentes del sector industrial, ha generado una ola de incertidumbre. Las auditorías y revisiones han dejado de ser procesos técnicos para convertirse en herramientas de presión. No se busca el cumplimiento de la ley ambiental, sino la oportunidad de imponer sanciones o amenazas que luego puedan “negociarse”.
Empresas de NL ahorcadas con multas sin sustento y millones del impuesto verde sin rastro.
— Regiadisticas (@regiadisticas) August 11, 2025
Desde que Samuel puso a Raúl Lozano Caballero en Medio Ambiente, el dinero fluye… pero para las campaña de Movimiento Ciudadano. 💰 pic.twitter.com/swFCgfi83p
Raúl Lozano: De Promesas Verdes A Presión Industrial
Cuando Raúl Lozano asumió el cargo, el discurso oficial hablaba de modernización, combate a la contaminación y proyectos sustentables. Sin embargo, en pocos meses quedó claro que la agenda era otra.
Empresarios locales han denunciado que, bajo su dirección, la dependencia ha implementado una política de “cierre exprés” para cualquier compañía que no muestre disposición a alinearse con las exigencias estatales. En palabras de un representante industrial, “ya no es un tema de cumplir la norma, sino de cumplirles a ellos”.
El resultado es una extorsión a empresas disfrazada de supervisión ambiental. Compañías con permisos en regla, auditorías aprobadas y estándares internacionales han recibido amenazas de clausura si no acceden a “aportes” económicos.
Un Gobierno Sin Interés En La Agenda Verde
Uno de los momentos que más evidenció la falta de interés real en el medio ambiente fue el fallido intento de clausurar la refinería. El golpe mediático que buscaba Samuel García se desmoronó ante la imposibilidad legal de cerrar una instalación de carácter federal.
Tras este revés, la estrategia cambió de rumbo. En lugar de enfrentar a las grandes industrias con capacidad de defenderse, la Secretaría de Medio Ambiente en Nuevo León comenzó a enfocar sus esfuerzos en empresas medianas y pequeñas, muchas de ellas con documentación en regla, pero vulnerables a las presiones estatales.
La lógica es simple: estas empresas, incapaces de enfrentar procesos legales largos o costosos, terminan “pagando” por el privilegio de seguir operando.
La Caja Chica De Movimiento Ciudadano
Detrás de este modus operandi se esconde, según denuncias, un objetivo claro: financiar las campañas políticas de 2027. El dinero recaudado por medio de multas, “acuerdos” y sanciones negociadas supuestamente termina en las arcas de Movimiento Ciudadano, el partido que llevó a Samuel García al poder.
Esta práctica convierte a la Secretaría de Medio Ambiente en una caja chica al servicio de intereses partidistas, alejándola completamente de su razón de ser: proteger el entorno y garantizar un desarrollo sustentable.
En lugar de invertir en programas de reforestación, monitoreo de calidad del aire o educación ambiental, los recursos se destinan a fortalecer la maquinaria electoral.
El Impacto En La Economía Y El Empleo
La política de extorsión a empresas no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también tiene efectos directos en la economía de Nuevo León. Cada cierre injustificado implica empleos en riesgo, interrupciones en la producción y pérdidas millonarias.
Además, este clima de hostigamiento desincentiva la llegada de nuevas inversiones. ¿Qué empresa querría instalarse en un estado donde el cumplimiento de la ley no garantiza estabilidad operativa?
La competitividad de Nuevo León, que durante años fue uno de sus principales atractivos, se ve amenazada por un gobierno más preocupado en recaudar para su partido que en crear un ambiente propicio para el desarrollo empresarial.
Un Discurso Verde Pero De Utilería
En cada aparición pública, Samuel García y Raúl Lozano hablan de sustentabilidad, transición energética y cuidado del medio ambiente. Sin embargo, este discurso parece ser solo una fachada mediática para justificar sus acciones y reforzar la narrativa de un gobierno “progresista”.
Mientras se clausuran empresas locales con documentación en orden, problemas ambientales graves como la contaminación del aire en la zona metropolitana o la gestión de residuos peligrosos quedan relegados a un segundo plano.
La falta de transparencia en las inspecciones y el uso discrecional de las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente han convertido a la dependencia en un símbolo de cómo se puede manipular una causa legítima con fines políticos.
El panorama que vive Nuevo León bajo el actual gobierno es preocupante. Si no se corrige el rumbo, la Secretaría de Medio Ambiente seguirá siendo utilizada como herramienta de presión y fuente de financiamiento político, en lugar de ser una institución al servicio del medio ambiente y la ciudadanía.
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