El Gobierno de Nuevo León ha iniciado trabajos en la zona proyectada para Rompepicos 2, pese a que el proyecto no cuenta aún con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni ha sido sometido a consulta pública, tal como lo exige la ley ambiental. La asociación civil Agua Regia denunció públicamente estas maniobras y acusó al gobierno estatal de actuar con total opacidad y desprecio hacia los procesos legales y ciudadanos.
Los trabajos fueron detectados recientemente en La Huasteca, específicamente en la zona conocida como El Picacho de la Botella, sitio que forma parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, un área natural protegida. A pesar de lo delicado del entorno y de los antecedentes negativos del primer Rompepicos, el Gobernador Samuel García ha ordenado acelerar la construcción de la nueva cortina, presionando a su nuevo Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, para que la obra esté lista lo antes posible.
El señalamiento cobra relevancia luego de que en mayo pasado la Semarnat rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que el Estado había presentado para construir hasta dos nuevas cortinas Rompepicos en otras zonas de La Huasteca, como El Divisadero y El Pico del Águila. Sin embargo, el Gobierno estatal volvió a la carga, ahora con una propuesta distinta pero igualmente cuestionada, tanto por su impacto ambiental como por la falta de transparencia.
Rompepicos 2 inicia sin permiso
La organización Agua Regia, que lleva años trabajando en la defensa del entorno natural de La Huasteca, dio a conocer que personal de la empresa Technoproject ya realiza trabajos en la zona. Esta compañía es la misma que aparece en la nueva solicitud de MIA presentada por el Estado ante la Semarnat.
Juan Pablo Chávez, director de Agua Regia, denunció que en una visita reciente al sitio identificado para la construcción de Rompepicos 2, se encontró con maquinaria especializada. Los trabajadores estaban utilizando un martillo electrónico geológico, equipo empleado para analizar la dureza del suelo y obtener datos técnicos previos a una obra de ingeniería.
Estas acciones, señaló Chávez, constituyen una falta grave, ya que se están realizando sin que exista un permiso formal de Semarnat ni una resolución sobre la solicitud de consulta pública exigida por el colectivo Un Río en el Río. La consulta, de hecho, sigue en trámite, y se espera una respuesta oficial para el miércoles. Aun así, el gobierno estatal ha decidido avanzar unilateralmente.
Según Agua Regia, iniciar actividades de exploración técnica sin aval ambiental ni proceso consultivo constituye una violación directa al derecho ciudadano a participar en decisiones que afectan su entorno. Además, se rompe la confianza pública en los mecanismos institucionales de protección ambiental.
Semarnat ya había rechazado el plan
La nueva propuesta para Rompepicos 2 surge tras el rechazo formal de la MIA presentada por el Gobierno estatal en mayo de este año, en la cual se pretendía construir dos cortinas de retención en zonas altas de La Huasteca. La Semarnat determinó que dichos proyectos eran inviable en términos de impacto ambiental, afectación a la biodiversidad y riesgos geológicos.
En vez de replantear la necesidad del proyecto, el Estado optó por cambiar el sitio de construcción, trasladando la nueva propuesta al área de El Picacho de la Botella. Sin embargo, los cuestionamientos sobre su legalidad, viabilidad y pertinencia ambiental se mantienen vigentes.
Las organizaciones civiles que se han opuesto a los Rompepicos desde su creación argumentan que estas obras no solo son costosas y poco efectivas, sino que también alteran de forma irreversible los cauces naturales, fragmentan ecosistemas, y en algunos casos, agravan los problemas de escurrimientos y sedimentación en el río Santa Catarina.
Lejos de ofrecer soluciones integrales basadas en restauración ecológica y manejo responsable del agua, el Gobierno estatal insiste en medidas de infraestructura pesada sin una planeación ambiental integral. Esta lógica de “más concreto como solución” ha sido ampliamente criticada por expertos y colectivos ambientalistas.
Falta de respeto a la ciudadanía
Una de las críticas más contundentes por parte de Agua Regia y otras agrupaciones como Un Río en el Río es que la construcción de Rompepicos 2 ha avanzado sin informar a la población ni permitir su participación activa.
Aunque la legislación ambiental vigente contempla la obligación de abrir un periodo de consulta pública cuando una obra tiene posibles impactos en áreas protegidas, el Gobierno de Nuevo León no ha esperado dicha autorización. En su lugar, ha empezado trabajos técnicos como si se tratara de un proyecto aprobado y sin oposición.
Esto, además de ser ilegal, falta al respeto al derecho ciudadano a decidir sobre su entorno, sobre todo en un tema tan delicado como la modificación del paisaje natural de La Huasteca. Para muchas personas, la región no es solo un espacio recreativo, sino también un símbolo de identidad, conexión ecológica y patrimonio colectivo. El colectivo Un Río En El Río ha criticado ampliamente esta acción del gobernador de Nuevo León por perjudicar el cauce del río Santa Catarina.
Rocío González, integrante de Un Río en el Río, señaló que el Estado ni siquiera ha hecho público un documento técnico que explique cómo la nueva cortina evitará repetir los errores del primer Rompepicos. Tampoco se ha transparentado el presupuesto total, las afectaciones previstas ni los posibles escenarios de riesgo para la población aguas abajo.
¿Quieres saber más sobre el tema? Lee el siguiente artículo.
El caso de Rompepicos 2 se perfila como otro capítulo de improvisación, opacidad y desdén por los procedimientos legales por parte del Gobierno estatal de Nuevo León. Lejos de respetar las decisiones de la autoridad ambiental federal y de escuchar a las voces ciudadanas, el gobierno de Samuel García ha optado por avanzar como si la obra fuera un hecho consumado.
Este tipo de prácticas no solo erosionan la confianza en las instituciones, sino que comprometen la salud ecológica de espacios como La Huasteca. En lugar de apostar por soluciones sostenibles, el gobierno repite viejas fórmulas de infraestructura sin respaldo técnico ni social.
Si la Semarnat responde negativamente o si la consulta pública confirma la oposición ciudadana, el Estado tendrá que frenar el proyecto. Pero si persiste, Rompepicos 2 podría convertirse en un símbolo más de cómo las autoridades ignoran la ley y atropellan el derecho de la gente a decidir sobre su territorio.
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