La reciente publicación en el Periódico Oficial del Estado sobre la supuesta declaratoria del Río Santa Catarina como Área Natural Protegida (ANP) ha generado críticas por parte de colectivos ambientalistas. La asociación ciudadana Un Río en el Río desmintió que se trate de una declaratoria oficial y aclaró que el documento difundido el pasado domingo es únicamente un aviso de intención, sin efecto legal alguno que garantice la protección del ecosistema.
De acuerdo con las voces del colectivo, el Gobierno del Estado ha generado una percepción errónea al comunicar que el Río Santa Catarina ya cuenta con un estatus de ANP, cuando en realidad aún no se han seguido los procedimientos legales requeridos para otorgar dicha categoría. Aunque reconocen la voluntad política de avanzar hacia la protección del cauce, también enfatizan que aún falta un largo camino técnico y jurídico por recorrer.
Sin declaratoria oficial ni validez jurídica
Andrea Villarreal, integrante del colectivo Un Río en el Río, afirmó que lo publicado por el Gobierno estatal no puede considerarse una declaratoria oficial. “Es totalmente falso que el Río Santa Catarina haya sido declarado Área Natural Protegida. Lo que se publicó en el Periódico Oficial es un acuerdo de intención, no una declaratoria. Es simplemente un compromiso del Ejecutivo por realizar ese proceso”, expresó.
Villarreal recordó que en 2008 el Río Santa Catarina fue considerado ANP bajo la figura de parque urbano. Sin embargo, esta figura nunca se consolidó, ya que el Programa de Manejo necesario no fue autorizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Posteriormente, tras los estragos del huracán “Alex” en 2010, todas las concesiones sobre el cauce fueron canceladas, dejando al río en una situación ambigua desde el punto de vista jurídico.
Proceso legal aún pendiente
Para que un sitio como el Río Santa Catarina sea declarado oficialmente como ANP, se debe cumplir un protocolo legal específico, explicó Villarreal. El primer paso es elaborar un estudio técnico justificativo, el cual tiene como propósito analizar las condiciones ecológicas del lugar y definir la figura de protección más adecuada con base científica.
Dicho estudio aún no ha sido presentado ni aprobado, por lo que no existe sustento legal para afirmar que el río ha adquirido una nueva categoría de protección. “Este estudio no solo es un requisito legal, sino una herramienta fundamental para garantizar que cualquier declaratoria se base en evidencia y no en decisiones políticas improvisadas”, agregó.
Preocupan proyectos incongruentes de Samuel
Otra integrante del colectivo, Lizeth Ovalle, cuestionó la coherencia del Gobierno estatal al hablar de protección ecológica mientras impulsa proyectos de infraestructura que podrían poner en peligro el ecosistema del río. En particular, criticó la intención de construir un viaducto elevado de cuota sobre el cauce.
“¿Cómo puede llamarse santuario ecológico un río sobre el cual se pretende edificar un viaducto que afectará directamente su restauración y funcionamiento como corredor biológico?”, expresó Ovalle, visiblemente inconforme. Según la activista, este tipo de proyectos contradicen el discurso ambientalista del Gobierno y ponen en entredicho su verdadero compromiso con la conservación.
El colectivo también enfatizó que el proceso de definir el futuro del Río Santa Catarina debe realizarse con responsabilidad, diálogo y participación social, evitando decisiones unilaterales y apresuradas que puedan comprometer la recuperación del ecosistema.
Si te interesa conocer más sobre esta intención lee el siguiente artículo: Nuevo León declara al Río Santa Catarina como Área Natural Protegida
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