La reciente propuesta del Gobierno de Nuevo León para modificar la Ley de Educación y establecer el transporte escolar como medida obligatoria, ha sido severamente cuestionada por legisladores locales de diversas bancadas. Aunque se plantea como una solución a los problemas de movilidad, la iniciativa ha sido interpretada como una estrategia para trasladar la responsabilidad del caos vial a otros actores, como los municipios, las escuelas, la iniciativa privada y, en última instancia, a los ciudadanos.
Desde el Congreso local expresaron su rechazo, acusando a la administración de Samuel García de evadir sus responsabilidades en materia de movilidad. El principal señalamiento fue que, en lugar de asumir el liderazgo en la mejora del transporte público, el Gobierno estatal pretende “pasar la pelota” y deslindarse de su obligación.
Buscan delegar costo a escuelas
El Secretario de Movilidad estatal, Hernán Villarreal, presentó esta semana una reforma a la Ley de Educación que contempla establecer como obligatoria la implementación de transporte escolar en los planteles educativos, especialmente como una estrategia para reducir el tráfico vehicular.
Según Villarreal, serán las propias escuelas quienes decidan cómo implementar esta medida y, además, deberán asumir los costos correspondientes. Esta postura ha causado inconformidad, ya que coloca una carga operativa y financiera sobre instituciones educativas que, en muchos casos, ya enfrentan limitaciones.
En el área metropolitana de Monterrey existen alrededor de 4,100 escuelas de educación básica, de las cuales más de mil son privadas. Para estas últimas, el Gobierno presume que tienen capacidad económica para aplicar la medida. Sin embargo, no se presenta un análisis detallado de cómo las instituciones públicas —que representan la mayoría— podrían cumplirla.
La propuesta ha sido vista como un intento del Gobierno de lavarse las manos. En lugar de fortalecer el transporte público estatal, se traslada la solución del problema a las escuelas y padres de familia, muchos de los cuales no tienen las condiciones económicas para asumir el costo de un servicio adicional.
Congreso rechaza iniciativa de Samuel
La iniciativa de transporte escolar obligatorio fue recibida con amplio rechazo por parte de legisladores locales. Criticaron duramente al titular de Movilidad, acusándolo de querer delegar sus funciones. “Ahora resulta que Hernán quiere que el Congreso y los planteles escolares hagamos su trabajo. ¡No señor! Póngase a trabajar”, expresó.
Señalaron que no puede dejarse toda la carga operativa a las escuelas públicas y privadas. Subrayó que esa es una labor que le corresponde directamente a la Secretaría de Movilidad.
También mostraron escepticismo ante la posibilidad de que la reforma se apruebe para el siguiente ciclo escolar, calificándola como una propuesta incompleta e improvisada. Opinaron que el proyecto se quedó corto al solo contemplar cambios en la Ley de Educación, cuando debía involucrar otras normativas relacionadas con movilidad, presupuesto y transporte público.
La única voz que se mostró favorable fue la de Melisa Peña, diputada de Movimiento Ciudadano, quien argumentó que en algunos colegios privados sí se podrían implementar estas medidas, ya que los padres pueden costear el servicio.
Gobierno evade su responsabilidad con la movilidad de Nuevo León
Los cuestionamientos hacia la propuesta de transporte escolar obligatorio no son un hecho aislado. Se enmarcan en un contexto más amplio de críticas hacia la gestión del Gobierno estatal en materia de movilidad. Samuel García prometió una transformación integral del sistema de transporte desde el inicio de su administración, pero hasta ahora, las soluciones han sido parciales, desarticuladas y sin un enfoque integral.
En lugar de fortalecer el sistema público, el Gobierno ha recurrido a delegar funciones. Además de las escuelas, también ha buscado que los municipios implementen rutas alimentadoras para compensar la falta de unidades estatales. Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina, Apodaca, San Pedro, García y Santiago han tenido que intervenir con sus propios esquemas de transporte local.
Otra medida propuesta ha sido la creación de carriles de alta ocupación, cuya ejecución también quedaría en manos de los municipios. Pero nuevamente, no existe un plan maestro que integre todas estas acciones bajo una sola estrategia coordinada.
De acuerdo con datos oficiales, apenas un 7% de los traslados se hacen actualmente en transporte privado colectivo, financiado por empresas. Esto pone en evidencia la debilidad del sistema público, cuya capacidad es insuficiente para atender a toda la población escolar y laboral de la zona metropolitana.
En resumen, la administración estatal parece optar por medidas paliativas que evaden la inversión y la responsabilidad directa. En lugar de asumir un liderazgo firme, Samuel García y su gabinete insisten en buscar culpables y transferir la responsabilidad a otros niveles de gobierno o al sector privado.
Problemas de movilidad en Nuevo León
La iniciativa del Gobierno de Nuevo León para hacer obligatorio el transporte escolar abre un debate crucial sobre la gestión de la movilidad urbana. Más allá de una medida específica, lo que está en juego es el modelo de responsabilidad que el Estado debe adoptar ante una crisis estructural en el transporte.
El rechazo de la mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso muestra que no hay un consenso ni una estrategia clara para resolver el problema. Y mientras tanto, miles de estudiantes, padres y trabajadores siguen enfrentando los mismos desafíos: tráfico congestionado, falta de rutas eficientes, unidades en mal estado y tiempos de traslado cada vez más largos.
Urge una solución seria, integral y con visión de largo plazo. La movilidad no puede resolverse con propuestas improvisadas ni trasladando la carga a quienes ya están al límite de sus posibilidades. El transporte escolar puede ser parte de una solución, pero solo si es implementado con acompañamiento, financiamiento y responsabilidad estatal.
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