El Instituto Nacional Electoral (INE) ha vuelto a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las suspensiones emitidas por jueces y magistraturas de distrito en torno a la elección judicial. Esto ocurre a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que el Tribunal Electoral no es la instancia adecuada para resolver estos asuntos, lo que ha generado una creciente polémica dentro del organismo electoral.
Persistencia del INE en su estrategia legal
El área jurídica del INE presentó recientemente un nuevo juicio ante el TEPJF, impugnando tanto las suspensiones judiciales como las multas de 50 mil pesos impuestas a las consejerías. Este recurso es casi idéntico a los dos presentados en 2024, los cuales ya habían sido descartados por la SCJN por exceder las atribuciones del Tribunal Electoral.
A pesar de la resolución de la SCJN, que especifica que el INE debe recurrir a los tribunales colegiados de circuito en lugar del TEPJF, la insistencia del organismo en seguir la misma ruta ha generado críticas y divisiones internas.
Fisuras en el Consejo General del INE
La decisión de presentar este nuevo juicio no contó con el respaldo de la mayoría del Consejo General del INE. Según información de MILENIO, varias consejerías expresaron su desacuerdo desde antes de que la SCJN resolviera el tema. No obstante, el área jurídica del instituto procedió con la impugnación sin esperar una postura unificada.
El 5 de febrero, el área jurídica del INE compartió con las consejerías el borrador del recurso legal y solicitó observaciones para el día siguiente. Sin embargo, algunas consejerías sugirieron postergar la presentación del juicio hasta conocer el fallo de la SCJN. Pese a ello, no recibieron respuesta y el INE siguió adelante con la impugnación.
La resolución de la SCJN y su impacto
El 13 de febrero, la SCJN determinó que el TEPJF no tiene competencia en la resolución de suspensiones emitidas por jueces de distrito, indicando que el INE debía acudir a los tribunales colegiados de circuito para atender la cuestión. Esta decisión era clara en cuanto a los límites de la Sala Superior del Tribunal Electoral en estos casos.
No obstante, cinco días después, el 18 de febrero, el INE volvió a presentar un juicio ante el TEPJF, que fue turnado al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón el 20 de febrero. Este nuevo intento por parte del INE pone en duda el acatamiento de las resoluciones de la SCJN y abre la puerta a un nuevo conflicto jurídico.
Posturas enfrentadas dentro del INE
El área jurídica del INE sostiene que los jueces de distrito no tienen competencia en materia electoral y argumenta que las suspensiones que han emitido contravienen la legislación electoral vigente. En este sentido, insisten en que la Sala Superior del Tribunal Electoral debe intervenir y resolver el procedimiento adecuado a seguir por el Consejo General del INE.
Por otro lado, varias consejerías han optado por respetar la resolución de la SCJN y han decidido presentar sus impugnaciones directamente ante los tribunales colegiados de circuito, dejando en evidencia la fractura interna en la estrategia legal del organismo electoral.
El papel del Tribunal Electoral
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón deberá presentar un proyecto de resolución respecto a este nuevo juicio. Dado que la SCJN ha sido categórica en que el Tribunal Electoral no tiene facultades para abordar estas suspensiones, se espera que la decisión del magistrado Mondragón se alinee con este criterio.
Sin embargo, la última palabra la tendrá la Sala Superior del Tribunal Electoral, que deberá definir si acata la resolución de la SCJN o insiste en un criterio propio que podría contradecir a la máxima autoridad judicial del país.
Un conflicto que sigue abierto
Este episodio subraya la falta de consenso dentro del INE y la persistencia del área jurídica en seguir un camino ya descartado por la SCJN. La decisión final que tome el TEPJF no solo tendrá repercusiones en este caso particular, sino que también podría sentar un precedente sobre el papel del INE y la delimitación de las competencias entre los distintos órganos del Poder Judicial.
El desenlace de este conflicto determinará no solo la validez de los recursos presentados por el INE, sino también su capacidad para operar en un marco jurídico definido por la SCJN.
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