La Auditoría Superior del Estado reveló que el metro mantiene 11 mil millones de pesos sin aclarar, derivados de fallas en la gestión de recursos públicos de Nuevo León, señalamientos sobre obras estatales y omisiones en la documentación de la línea 3. El informe también menciona irregularidades en el Instituto de Movilidad, reforzando la preocupación por el manejo del dinero público en distintas dependencias.
Señalamientos De 11 Mil Millones De Pesos Por Recursos No Comprobados
El informe de la Auditoría Superior del Estado confirmó que el metro acumuló observaciones que involucran 11 mil millones bajo diferentes conceptos administrativos. Estas anomalías permanecen sin aclarar y forman parte del análisis sobre la cuenta pública 2024. En total, se registraron 90 observaciones no solventadas, lo que refleja la magnitud del problema de gestión dentro del organismo.
Uno de los puntos más relevantes corresponde a saldos superiores a 7 mil millones relacionados con la línea 3, ya que no existe evidencia documental que indique la finalización formal de estas obras estatales. La auditoría advirtió que, al no contar con la información completa, es imposible confirmar que los recursos públicos se aplicaron conforme a los principios de eficiencia y transparencia.
Además, el organismo fiscalizador señaló falta de control interno, debido a que el ente no pudo mostrar documentación que permitiera rastrear cada uno de los movimientos relacionados con estas partidas. Esa falta de claridad genera preocupación sobre cómo se utilizaron los recursos públicos en proyectos que debieron entregar avances visibles y comprobables.
En otros rubros, el metro también enfrenta señalamientos por falta de actualización en sus expedientes catastrales. Según la auditoría, esto afecta el valor real de los bienes del organismo, ya que no se acreditó que los activos estén valuados correctamente al cierre del ejercicio fiscal.
Fallas En La Gestión De Bienes Y Operaciones Internas
Otra parte importante del informe de la ASE se centra en las inconsistencias dentro de la regularización de bienes. Se detectaron anomalías por más de 2 mil millones, relacionadas principalmente con la falta de valuación catastral y documentación incompleta. Estas observaciones quedaron sin aclarar, lo que contribuye al total de los 11 mil millones detectados en la revisión.
Las autoridades señalaron que el metro no cumplió con la obligación de demostrar la valuación de los activos conforme a la normativa vigente. Esta omisión complica la supervisión patrimonial y el seguimiento transparente de los recursos públicos utilizados para mantener y ampliar la infraestructura del organismo.
Además, se identificaron mil millones adicionales vinculados con expedientes catastrales sin regularizar. El informe advierte que esta falta de orden interno impide verificar si los bienes están registrados con su valor mínimo correspondiente y dificulta la vigilancia sobre su uso en nuevas obras estatales.
El documento recalca que estas prácticas muestran una mala administración. La ASE destaca que, sin una estructura documental clara, las dependencias pierden la posibilidad de demostrar en qué se emplearon los recursos públicos. Esto afecta la calidad de los servicios y genera dudas sobre futuras inversiones.
Irregularidades También Alcanzan A Otras Dependencias Estatales
El análisis de la ASE no se limitó al metro. El Instituto de Movilidad también fue señalado con observaciones que suman más de 2 mil millones no aclarados. Al parecer, parte de esta cifra está relacionada con ampliaciones presupuestales que no contaron con la aprobación formal de la Tesorería o de la Junta de Gobierno. Esa falta de validación pone en duda el proceso de asignación y uso de recursos para proyectos de movilidad.
Asimismo, el Instituto de Movilidad presentó un subejercicio significativo que no ha sido debidamente justificado. La auditoría indica que no existe documentación suficiente para comprobar la ejecución de estos montos, lo que representa otra forma de manejo inadecuado de recursos públicos. Esta falta de comprobación profundiza el problema y abona a las preocupaciones sobre el cumplimiento de estándares administrativos.
También se revisaron las actividades del Sistema Estatal de Caminos y Fideurb, donde se localizaron inconsistencias relacionadas con distintas obras estatales. Se detectaron anomalías por más de 548 millones en el Sistema Estatal de Caminos y más de 72 millones en Fideurb, lo que aumenta la lista de dependencias con observaciones por falta de control.
La auditoría considera que estas dependencias deben mejorar sus procesos de supervisión interna. El objetivo es garantizar que los recursos públicos se empleen con responsabilidad, especialmente cuando se trata de obras estatales que requieren transparencia en cada fase del proyecto.
Retrasos, 11 Mil Millones De Pesos De Anomalías Y Preocupación Sobre La Transparencia
La publicación del informe de la ASE generó diferentes reacciones, especialmente porque se presentó con dos semanas de retraso. Aunque no se incluyeron denuncias penales, la magnitud de los señalamientos sugiere que será necesario reforzar la vigilancia sobre el uso de fondos públicos, tanto en el metro como en el Instituto de Movilidad y otras dependencias estatales.
La auditoría también destacó que el manejo ineficiente de documentación impide verificar con precisión cómo se ejercieron los recursos públicos. En el caso de los 11 mil millones vinculados al metro, la falta de evidencia y las omisiones acumuladas subrayan la necesidad de replantear los mecanismos de seguimiento y control financiero.
El documento concluye que estos hallazgos deben atenderse con urgencia, ya que afectan directamente la credibilidad de los organismos estatales y la confianza en la ejecución de obras estatales. La transparencia se vuelve indispensable para que proyectos como la línea 3 y otros desarrollos puedan completarse con claridad, orden y resultados verificables para la ciudadanía.
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