El nombre de Baltazar Martínez volvió al centro del debate público tras la difusión de un audio que lo ubica como “intermediario” en el conflicto entre el gobierno estatal y la empresa Matrimar. El caso involucra señalamientos por Impuesto Verde y acusaciones de extorsión del estado que escalaron a tribunales.
Reapertura Frustrada De Matrimar Y Nuevo Cierre Inesperado
La planta de Materiales Triturados Martínez (Matrimar) logró reabrir la noche del 10 de febrero, luego de obtener un amparo contra la clausura impuesta en noviembre. Sin embargo, el alivio duró poco. Horas más tarde, durante la madrugada del 11 de febrero, una revisión de Protección Civil derivó en un nuevo cierre.
La empresa calificó la inspección como inusual. Afirmó que había cumplido con lo ordenado por la autoridad judicial. Desde entonces, la planta permanece sin operar. El conflicto ya no se limita a una disputa fiscal. Ahora impacta en la estabilidad laboral y en la percepción empresarial del entorno regulatorio en Nuevo León.
El Origen Del Conflicto Fiscal
Antes de que surgiera el audio, el desacuerdo inició por un supuesto adeudo de Impuesto Verde. Según el gerente Érick Aguilera, en octubre autoridades estatales notificaron a la empresa que debía entre 160 y 165 millones de pesos.
La empresa presentó documentos para demostrar que no existía tal adeudo. Aun así, explicó que las autoridades insistieron en una aportación económica.
Finalmente, Matrimar realizó una transferencia de 15 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas. El pago se describió como un “ajuste de impuestos”. La empresa sostuvo que accedió para evitar sanciones y continuar operaciones.
Baltazar Martínez Y La Intermediación Reconocida
El 27 de noviembre, tres días después de la clausura, ocurrió una llamada telefónica entre un directivo de la empresa y Baltazar Martínez. En el audio, difundido por la propia compañía, el dirigente estatal de MC habla de facilitar un acuerdo.
Baltazar Martínez reconoció su participación mediante un mensaje en video. Explicó que actuó como intermediario y que solo buscó abrir un canal de comunicación. Subrayó que, como Diputado local y dirigente partidista, no tiene facultades ejecutivas.
En la grabación se le escucha mencionar la posibilidad de “alinearse” y cubrir un “pago fuerte” en parcialidades. También refiere haber dialogado con funcionarios del Ejecutivo estatal.
Hasta ahora, el legislador no ha concedido entrevistas adicionales. Su postura pública se limita al mensaje difundido en redes.
La Denuncia De Extorsión Del Estado
Tras el pago de 15 millones, la empresa aseguró que el problema no se resolvió. Una semana después, la Secretaría de Medio Ambiente ejecutó la clausura del 24 de noviembre. De acuerdo con Aguilera, posteriormente se solicitó un pago de 50 millones de pesos en efectivo para permitir la reapertura. Ante esa exigencia, la empresa decidió no acceder.
La denuncia por extorsión del estado se enmarca en un contexto más amplio. Otras pedreras habían señalado presiones similares y supuestas solicitudes millonarias vinculadas a proyectos de obra pública.
El caso derivó en recursos legales. Matrimar obtuvo un amparo que le permitió reabrir temporalmente. Sin embargo, el nuevo cierre volvió a tensar la situación.
Baltazar Martínez confirmó que le ayudó a Samuel a concretar la extorsión millonaria a la pedrera Matrimar fungiendo como intermediario. También participaron los emecistas Mike Flores y Rául Lozano en el acoso y clausura que dejó a 500 trabajadores sin sustento. 😡
— Regiadisticas (@regiadisticas) February 20, 2026
¡MC corrupto! pic.twitter.com/Yu4nELd0ff
Impacto Político Y Empresarial
La intervención reconocida por Baltazar Martínez abrió un frente político. Aunque sostiene que solo actuó como mediador, la difusión del audio generó cuestionamientos sobre su papel. Para el sector empresarial, el conflicto reaviva preocupaciones sobre la aplicación del Impuesto Verde y los procesos de inspección. Las clausuras y revisiones consecutivas aumentan la incertidumbre.
En el plano institucional, el caso combina elementos fiscales, administrativos y penales. La empresa mantiene su postura de que no debía las cantidades señaladas inicialmente. El gobierno estatal no ha emitido un posicionamiento detallado sobre las acusaciones específicas.
Mientras tanto, la planta continúa detenida. El proceso legal sigue en curso. La discusión pública gira en torno a la transparencia y a la forma en que se gestionan las diferencias entre autoridades y empresas.
El nombre de Baltazar Martínez permanece en el centro de la conversación. La evolución del caso marcará un precedente sobre los límites de la intermediación política y la relación entre el sector productivo y el poder estatal en Nuevo León.
La Venganza De Samuel Tras La Denuncia De Extorsión Del Estado
La figura de Baltazar Martínez se ha convertido en el eje central del conflicto que enfrenta la empresa Matrimar frente a la actual administración. El legislador y dirigente de Movimiento Ciudadano es señalado como el operador clave en una red de extorsión del estado, tras la filtración de grabaciones donde se le escucha gestionar “pagos fuertes” para permitir la operación de la pedrera. Lo que el diputado califica como un simple acto de “ayuda” para conectar a las partes, la empresa lo denuncia como una presión directa para entregar 50 millones de pesos en efectivo.
Este caso de abuso de poder destaca por la rapidez con la que las instituciones estatales han reaccionado tras la negativa de la compañía a ceder al chantaje. En lugar de iniciar una investigación interna sobre los señalamientos contra Baltazar Martínez, el Gobierno activó a la Subsecretaría de Administración Tributaria para notificar una auditoría de gabinete. Esta maniobra fiscal, centrada en impuestos ambientales, surge apenas meses después de que la propia Tesorería confirmara que la pedrera no tenía adeudos pendientes, lo que refuerza la tesis de una represalia institucional.
A pesar de las acciones penales y la evidencia en audios, Martínez ha decidido no separarse de su cargo, asegurando tener la “conciencia tranquila”. Sin embargo, el contraste es evidente: mientras el legislador mantiene su fuero y su puesto en MC, la empresa denunciante es asfixiada con requerimientos técnicos y acusaciones de adeudos por 500 millones de pesos lanzadas desde la Secretaría General de Gobierno. El caso pone bajo la lupa cómo se utilizan los cargos públicos y los aparatos de fiscalización para castigar a quienes denuncian la extorsión del estado.
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