Ante el creciente descontento social por las altas tarifas de agua, las activistas del Grupo de las Seis sostuvo una reunión con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para analizar posibles medidas legales contra Agua y Drenaje de Monterrey (AyD). La organización busca proteger a los ciudadanos ante incrementos que superan la inflación y carecen de justificación transparente por parte de Samuel.
Ciudadanos Exigen Respuesta Por Altas Tarifas De Agua
El aumento en los recibos del servicio ha provocado indignación en distintos sectores sociales. Durante una reunión con el delegado de la Profeco en Nuevo León, Maximino Espinoza, los integrantes del Grupo de las Seis manifestaron su preocupación por los continuos ajustes tarifarios aplicados por Agua y Drenaje, los cuales superan ampliamente los índices inflacionarios oficiales.
Según detalló Gabriela de la Paz, vocera del colectivo, los representantes de Profeco se comprometieron a analizar la viabilidad de una acción colectiva en defensa de los consumidores. “El objetivo es revertir estas políticas que vulneran el derecho básico al acceso al agua”, explicó.
En este encuentro, también se acordó dar seguimiento a las denuncias presentadas por familias afectadas, además de promover la participación ciudadana en un esfuerzo conjunto para exigir tarifas justas y mayor transparencia en la gestión de los recursos hídricos.
Grupo De Las Seis Busca Acción Colectiva Por Altas Tarifas De Agua
Durante el diálogo con Profeco, el Grupo de las Seis enfatizó que los aumentos registrados no solo carecen de sustento técnico, sino que también reflejan una falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades estatales responsables del organismo operador.
De acuerdo con los datos más recientes, las tarifas domésticas de agua y drenaje aumentaron 2.1 por ciento entre mayo y junio, un alza que equivale a más de siete veces la inflación mensual publicada por el INEGI, que fue de 0.28 por ciento.
Este desbalance entre los precios del servicio y los indicadores económicos generó una preocupación inmediata entre las organizaciones ciudadanas. Para los integrantes del Grupo de las Seis, el comportamiento tarifario no responde a una política sustentable, sino a una fórmula de actualización que incluye variables ajenas al costo real del agua, como los sueldos del personal, los gastos de energía eléctrica y la depreciación de la infraestructura.
“El agua no puede tratarse como un bien de lujo. Es un derecho fundamental y debe garantizarse con criterios de equidad y justicia social”, señaló De la Paz, quien llamó a la población a documentar sus casos para fortalecer la posible demanda colectiva.
Grupo De Las Seis Cuestiona Manejo De Agua Y Drenaje
El colectivo también solicitó la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para revisar el uso de los recursos por parte de Agua y Drenaje, especialmente en lo referente a mantenimiento, infraestructura y financiamiento del Acueducto Cuchillo 2.
De acuerdo con el Grupo de las Seis, la falta de transparencia en la administración de los fondos públicos estatales destinados a estas obras ha contribuido al deterioro del sistema hídrico y al aumento injustificado de las tarifas.
Asimismo, exigieron que la ASE rinda un informe detallado sobre la aplicación de los incrementos, el costo operativo del organismo y las decisiones tomadas para modificar la fórmula de cobro mensual. “Queremos claridad sobre por qué seguimos pagando más cuando el servicio no ha mejorado”, expresaron los integrantes del colectivo.
Los ciudadanos denuncian que las medidas adoptadas por AyD han afectado directamente la economía familiar, sobre todo en los sectores populares y de clase media, donde el consumo básico de agua se ha convertido en una carga financiera considerable.
Incrementos En Tarifas Superan La Inflación
El análisis presentado por el Grupo de las Seis detalla que los ajustes de AyD exceden los niveles razonables de inflación, lo que ha generado un impacto económico injustificado. Mientras el organismo argumenta que la fórmula considera variables como los incrementos salariales, la energía eléctrica y la depreciación de activos, los ciudadanos sostienen que estos criterios no deben trasladarse de manera directa a los usuarios.
Expertos consultados por la organización apuntan que la política tarifaria actual podría vulnerar los principios de proporcionalidad establecidos en la Ley de Agua Potable y Saneamiento. Además, señalan que las altas tarifas de agua contrastan con la calidad del servicio, que continúa presentando fallas en el suministro y en el mantenimiento de la red.
El debate ha abierto la puerta para que la Profeco determine si existen elementos suficientes para proceder legalmente y, de ser el caso, iniciar una acción colectiva a nivel estatal en defensa de los consumidores.
Piden A Samuel Transparencia En La Gestión Del Agua En Nuevo León
El Grupo de las Seis reafirmó su llamado a la sociedad para sumarse a la lucha por tarifas justas y exigir una revisión profunda del sistema tarifario.
“Las familias no pueden seguir pagando por decisiones administrativas opacas ni por errores en la gestión del organismo”, manifestaron en su comunicado.
De igual forma, exhortaron a las autoridades estatales de Nuevo León a establecer mecanismos permanentes de rendición de cuentas y abrir canales de diálogo con la ciudadanía. El movimiento también busca visibilizar la importancia de la justicia hídrica, es decir, garantizar que el acceso al agua sea equitativo, asequible y sostenible.
“Invitamos a los afectados a no quedarse callados y a sumarse a las acciones que emprenderemos en los próximos días”, concluyó De la Paz.
Mientras tanto, la Profeco mantiene en análisis la viabilidad de la acción colectiva y se espera que en los próximos días emita un pronunciamiento sobre los pasos a seguir. De confirmarse, sería la primera vez que se inicia una medida de este tipo en el estado por altas tarifas de agua, lo que marcaría un precedente importante para la defensa de los derechos de los consumidores.
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