La reforestación en La Alameda ha encendido un fuerte debate público y político. La asociación civil Reforestación Extrema destinó más de 38 millones de pesos para plantar 308 árboles en la Alameda Mariano Escobedo, lo que significa que cada árbol costó más de 125 mil pesos. Este monto ha sido duramente cuestionado por diputados y ciudadanos, quienes consideran que se trata de un gasto desproporcionado y fuera de toda lógica.
El costo total, revelado por el Instituto Estatal de Transparencia tras una solicitud ciudadana, incluye 19.9 millones de pesos destinados a la compra de los árboles y 18.8 millones para su plantación. Según el documento oficial, el presupuesto cubre actividades como el suministro, traslado, preparación de cepas, uso de suelo fértil, plantación, riego inicial y renta de maquinaria y equipo especializado. Sin embargo, el precio final por cada árbol ha generado gran indignación y desconfianza en el manejo de los recursos por parte del gobierno estatal.

Árboles de lujo en proyecto de reforestación en La Alameda
Una de las principales críticas hacia la reforestación en La Alameda es que el costo por árbol resulta 798% superior al precio promedio de 14 mil pesos, estimado por el propio director de la organización, Cosijoopii Montero. Además, representa un 563% más de lo que reportó el municipio de Monterrey al plantar árboles en el mismo parque. Esta cifra crea la pregunta de qué está haciendo el gobernador Samuel García con el dinero público de Nuevo León.
El municipio informó que, durante 2023, plantó 122 árboles en la Alameda con un gasto total de poco más de 2 millones de pesos, lo que dio un promedio de 18 mil 852 pesos por unidad. Estas cifras evidencian la gran diferencia en los costos y alimentan las sospechas sobre una posible mala administración o sobreprecio en los contratos de Reforestación Extrema.
Durante una comparecencia en mayo, Montero explicó que los árboles grandes tienen un costo mayor, alrededor de 14 mil pesos, debido a la dificultad técnica en su traslado e instalación. No obstante, legisladores locales consideraron que el gasto final en la reforestación en La Alameda no se justifica, aún tomando en cuenta estas complicaciones.
Diputados exigen transparencia en reforestación en La Alameda
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Armida Serrato, diputada local del PRI, calificó la reforestación en La Alameda como un “robo en despoblado” y solicitó al nuevo secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, cancelar de inmediato cualquier convenio con Reforestación Extrema. Serrato también exigió que se investiguen posibles desvíos de recursos y que se incluyan observaciones y sanciones claras en la cuenta pública de 2024.
Por su parte, la diputada Perla Villarreal, del PRD, afirmó que el gasto era “un insulto y un asalto” al dinero público. Pidió frenar el esquema actual de colaboración con la asociación civil y revisar de fondo el uso de los fondos ambientales. Villarreal destacó que se necesita proteger el recurso público y garantizar que se utilice de forma eficiente y transparente.
Convenio de Samuel García bajo la lupa
El convenio entre la Secretaría de Medio Ambiente y Reforestación Extrema ha estado en el centro de la polémica, especialmente porque permite que los fondos provenientes de empresas y particulares para compensaciones ambientales se transfieran directamente a la asociación sin pasar por la Tesorería estatal. Este esquema, justificado bajo el argumento de ser recursos privados, ha dificultado la rendición de cuentas y fomentado la opacidad.
Ante la presión pública y política, se ha solicitado a la Auditoría Superior del Estado revisar minuciosamente el convenio y los gastos relacionados con la Reforestación en La Alameda. Mauro Guerra, diputado del PAN, se unió a las críticas y pidió que se realice un análisis profundo del acuerdo, eliminando cualquier elemento que permita inflar costos y evitar la competencia con otras asociaciones. Guerra enfatizó que, aunque es importante colaborar con organizaciones civiles, no se puede permitir que se manejen cifras tan elevadas y fuera de toda proporción.
El tema ha reabierto el debate sobre la importancia de transparentar el uso de los fondos ambientales y revisar la manera en que se firman los convenios con asociaciones civiles. La ciudadanía y diversos sectores esperan que esta vez se actúe con firmeza y se priorice la rendición de cuentas para evitar futuros abusos.
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