El gobernador de Nuevo León, Samuel, aseguró que su administración ha logrado plantar más de 650 mil árboles en los primeros tres años de gobierno, con una inversión de 300 millones de pesos. Sin embargo, los reportes oficiales contradicen esta cifra, revelando que solo se han plantado poco más de 5 mil árboles, lo que genera sospechas sobre la transparencia y el manejo del programa “Bosques Ciudadanos”.
Inconsistencias En La Cifra De Reforestación
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que su gobierno ha plantado 650 mil árboles a través del programa “Bosques Ciudadanos”. Sin embargo, los datos oficiales disponibles al público reportan solo 5 mil 176 árboles plantados a junio de 2024, lo que significa que la cifra que García mencionó estaría inflada en un 99%. Para cumplir con su declaración, habría sido necesario plantar más de 645 mil árboles en apenas nueve meses, lo que genera dudas sobre la exactitud de los datos proporcionados.
El programa es administrado por la asociación Reforestación Extrema, que ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia en el uso de los recursos. A pesar de las afirmaciones del gobernador, no se ha presentado información pública suficiente que respalde las cifras de árboles plantados. Esta situación ha llevado a la creciente desconfianza de activistas y legisladores, quienes exigen mayor claridad sobre el manejo del presupuesto.
Opacidad En El Manejo De Los Recursos
Uno de los mayores problemas de este programa es la falta de transparencia en la gestión de los fondos. Los recursos utilizados para la reforestación provienen de aportaciones voluntarias de empresas y particulares que buscan compensar el impacto ambiental de sus actividades. Sin embargo, estos fondos no pasan por el erario público, lo que evita el escrutinio de las autoridades fiscales y dificulta la transparencia en el uso del dinero.
Reforestación Extrema recibe los fondos directamente, sin la intervención de organismos oficiales, y desde el año pasado, la organización ha rechazado entregar los informes trimestrales solicitados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Este silencio ha generado preocupaciones sobre el destino de los recursos y la eficacia del programa. Además, a pesar de la magnitud de los fondos, los avances en la reforestación no han sido verificables, lo que aumenta las dudas sobre su ejecución.
Irregularidades Y Conflictos De Interés
Los informes obtenidos por EL NORTE, con base en datos del SAT, indican que entre marzo de 2023 y noviembre de 2024, Reforestación Extrema recibió 270.3 millones de pesos. Sin embargo, una parte significativa de estos fondos ha sido canalizada hacia empresas vinculadas a familiares cercanos al gobierno. Una tercera parte de los recursos se destinó a las empresas “hermanas” Viveros Regionales y Arbolmax, ambas con vínculos con Adrián Cavazos Cavazos, hermano del director de Protección Civil del Estado, Érik Cavazos Cavazos.
Gobierno de #NuevoLeón otorga a #ReforestaciónExtrema convenio que evita que la asociación civil rinda cuentas en programa de arborización.#ElNorteLocal https://t.co/kQ5fcgpBdp
— elnortelocal (@elnortelocal) May 5, 2025
Estas conexiones familiares y el manejo de los fondos destinados a la reforestación han generado más críticas y cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. Las sospechas aumentan al ver que los fondos no han sido auditados correctamente y que el programa no ha cumplido con sus objetivos de manera transparente. La falta de claridad sobre el número exacto de árboles sembrados y el destino de los recursos alimenta la percepción de que el gobierno no está brindando la información completa.
La Necesidad De Mayor Transparencia
El gobierno de Samuel García ha sido criticado por no tomar medidas claras para garantizar la transparencia en el programa “Bosques Ciudadanos”. A pesar de la magnitud de los recursos involucrados, no se han publicado los informes completos que respalden las afirmaciones del gobernador sobre la cantidad de árboles plantados. La falta de rendición de cuentas y la opacidad en la ejecución del programa han llevado a que la ciudadanía y los activistas ambientales exijan una mayor fiscalización y transparencia en el uso de los recursos públicos.
