El gobierno de Nuevo León enfrenta una nueva polémica relacionada con presuntas irregularidades en un contrato multimillonario. La empresa Ego Móvil, beneficiaria de $3,307 millones de pesos para arrendar 600 autobuses de transporte público, ha sido señalada por posibles vínculos con una red de compañías factureras. Las acusaciones incluyen la emisión de facturas millonarias por parte de empresas sin experiencia en el sector, lo que ha generado sospechas de corrupción y desvío de recursos.
Irregularidades en licitación y operación
La asignación del contrato a Ego Móvil se realizó en medio de un proceso de licitación pública, pero documentos revelan que la empresa tenía un historial poco confiable. Inactiva durante 19 años, Ego Móvil modificó su objeto social para incluir actividades de transporte solo días antes de competir por el proyecto. Su domicilio fiscal, situado en una modesta colonia habitacional, y la falta de experiencia en el sector agravan las dudas sobre su capacidad para manejar un contrato de esta magnitud.
A esto se suman las conexiones de Ego Móvil con dos empresas señaladas como factureras: Servicios Javit y Transportes Macario’s. Ambas compañías, con domicilios modestos y registros de actividad recientes, han emitido facturas por autobuses que supuestamente fueron utilizados para cumplir con el contrato. Servicios Javit recibió $1,045 millones de pesos, mientras que Transportes Macario’s facturó $699 millones, cifras que han despertado la atención de los investigadores.
Factureras y falta de credibilidad
Las características de Servicios Javit y Transportes Macario’s refuerzan las sospechas de irregularidades. Ninguna cuenta con experiencia en el sector de transporte, y ambas tienen antecedentes cuestionables. Por ejemplo, Transportes Macario’s opera desde un pequeño local en Texcoco, lejos de la escala requerida para cumplir con un contrato millonario. Además, se ha señalado que las facturas emitidas por estas empresas corresponden a autobuses ya negociados directamente con el fabricante Golden Dragon, lo que pone en entredicho su verdadera participación en el proyecto.
El esquema, según analistas, apunta a una red de empresas que podrían estar utilizando contratos públicos para justificar movimientos financieros opacos. Este tipo de operaciones no solo perjudican al erario, sino que también comprometen la credibilidad de las instituciones estatales.
Respuesta oficial y críticas en Nuevo León
A pesar de las evidencias presentadas, el gobierno estatal ha rechazado las acusaciones. Funcionarios del Instituto de Movilidad y Accesibilidad han afirmado que el proceso de licitación fue transparente y que los autobuses arrendados ya están en operación. Sin embargo, estas declaraciones no han convencido a la opinión pública ni a los legisladores de oposición, quienes han exigido una auditoría exhaustiva del contrato.
Los críticos han señalado que este caso podría ser solo una parte de un problema mayor. En los últimos años, las redes de empresas factureras han proliferado en México, utilizando contratos gubernamentales para desviar recursos. El caso de Ego Móvil, advierten, podría ser representativo de un sistema más amplio de corrupción que requiere una intervención urgente.
Consecuencias políticas y sociales
Este escándalo llega en un momento crucial para la administración de Samuel García, que ya ha enfrentado otros cuestionamientos por la gestión de recursos públicos. La falta de transparencia en el contrato de arrendamiento podría tener repercusiones políticas, afectando la percepción ciudadana sobre su gobierno y su capacidad para manejar las finanzas estatales.
Por su parte, la ciudadanía ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que los recursos destinados a mejorar el transporte público estén siendo desviados. La modernización de la flota de autobuses es una necesidad urgente en Nuevo León, pero los señalamientos de corrupción han eclipsado los posibles beneficios del proyecto.
La presión sobre el gobierno estatal sigue creciendo, mientras se espera que las autoridades investigadoras aclaren las irregularidades detectadas y determinen responsabilidades. La pregunta central permanece: ¿está realmente comprometido el gobierno con la rendición de cuentas, o estos señalamientos quedarán sin resolver?
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