El proyecto impulsado por el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, para vender 19 áreas verdes municipales ha desatado un amplio rechazo político, social y ambiental en Nuevo León. Lo que comenzó como una propuesta para financiar obras inconclusas derivó rápidamente en acusaciones de corrupción, denuncias penales y una fuerte crítica pública por el riesgo ecológico que implica ceder estos terrenos al sector industrial.
La operación busca obtener más de 54 millones de pesos, pero la polémica no se limita a lo económico. Las áreas verdes, cuya conservación es clave para mitigar la contaminación en una de las zonas con peor calidad de aire del país, podrían perderse de forma irreversible, advierten organizaciones civiles.
Antecedentes financieros bajo la lupa
Según expusieron los legisladores que encabezan las denuncias, las obras que Nava pretende financiar ya contaban con presupuesto desde administraciones anteriores. A pesar de que el municipio recibe alrededor de dos mil millones de pesos al año y ha administrado más de ocho mil millones de pesos durante la gestión de Nava, existen más de 10 proyectos inconclusos, explicó el diputado panista Miguel García Lechuga.
Además, la Auditoría Superior del Estado ha emitido observaciones por el manejo de 800 millones de pesos entre 2022 y 2023. Para García Lechuga, el manejo de los recursos ha sido discrecional, opaco y carente de controles efectivos. “El dinero entra al municipio y lo maneja como si fuera suyo, desviando fondos y sin rendir cuentas claras al Cabildo”, denunció.
#IndigoMTY | Mientras en la Zona Metropolitana de #Monterrey tenemos déficit de áreas verdes, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, decide vender 19 propiedades que fueron donadas por empresas para que fueran destinadas como áreas verdes para el municipio.
— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) June 9, 2025
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Irregularidades legales en el procedimiento
El proceso de desincorporación de las áreas verdes también presenta posibles violaciones a las normativas municipales y estatales, según las denuncias interpuestas por integrantes de Movimiento Ciudadano (MC). La diputada Marisol González, el regidor Abiel Nañez Badillo y el exregidor Patricio Zambrano acusaron al alcalde de cometer peculado, abuso de funciones, daño patrimonial y manipulación de avalúos, ya que los terrenos fueron valuados con incrementos mínimos de apenas un 2%.
“Se está aprovechando de su cargo para facilitar la venta de terrenos públicos que deben conservarse como áreas de protección ambiental. Es una agresión directa al patrimonio del municipio y al interés general de sus habitantes”, afirmó González.
Alarma ambiental por pérdida de espacios verdes
Más allá del tema financiero y legal, el proyecto ha encendido las alertas de organizaciones ambientales como la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey (Surmac) y el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey (OCCAMM). Ambas organizaciones entregaron un exhorto oficial al municipio solicitando frenar la venta y ofrecieron asesoría para buscar alternativas de financiamiento sin sacrificar el patrimonio verde.
La presidenta de Surmac, Pricila Dávila, subrayó que existen mecanismos como rentas municipales o asociaciones público-privadas que permiten obtener ingresos sin vender espacios públicos. Por su parte, Selene Martínez, directora de OCCAMM, alertó que en un municipio con altos índices de contaminación, eliminar áreas verdes es condenar a la población a mayores riesgos de salud pública, afectando la calidad del aire, la biodiversidad y la regulación térmica.
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