La reciente decisión de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León de cerrar cuatro carpetas de investigación relacionadas con presuntas irregularidades del Gobernador Samuel García ha desatado fuertes críticas por parte de distintos sectores de la sociedad. La resolución fue calificada como un acto alarmante y sospechoso que podría evidenciar un patrón de impunidad de Samuel y la falta de voluntad del gobierno estatal para enfrentar la corrupción dentro de su círculo cercano.
El caso ha sido denunciado públicamente por el denominado Grupo de las 6, conformado por mujeres activistas, académicas y políticas que han exigido transparencia en la administración pública. Las integrantes del grupo cuestionaron la legalidad y los motivos detrás del cierre de las carpetas, todas relacionadas con manejos financieros vinculados a despachos familiares del Mandatario y a triangulaciones de recursos públicos.
La falta de argumentos claros por parte de la Fiscalía para justificar el cierre de las investigaciones solo ha encendido aún más las alertas sobre posibles arreglos políticos internos que podrían estar encubriendo actos de corrupción y uso indebido de recursos.
Señalan falta de transparencia legal e impunidad de Samuel
La crítica principal del Grupo de las 6 radica en que las autoridades judiciales no han dado una justificación legal clara para cerrar las carpetas de investigación contra Samuel García. De acuerdo con un video publicado por Rebeca Clouthier, una de las voceras del grupo, resulta profundamente alarmante que cuatro casos relacionados con el mismo funcionario sean descartados de forma simultánea sin explicación pública.
En su declaración, Clouthier afirmó que la omisión en los fundamentos jurídicos sugiere un trasfondo político y muestra un sistema de justicia que cede ante presiones del poder ejecutivo. Esta práctica, advierte, fomenta la impunidad de Samuel y mina la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
La activista subrayó la necesidad de que la Fiscalía publique de manera detallada las razones específicas por las que se dictó el inejercicio de acción penal, para que la ciudadanía pueda entender si se trató de una decisión sustentada en derecho o de un acto político encubierto.
Exigen rendición de cuentas a la Fiscalía
Además de solicitar claridad en el cierre de las carpetas, el Grupo de las 6 lanzó un llamado a la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanos en general para que se mantengan vigilantes. Las integrantes insistieron en que la rendición de cuentas no puede ser opcional cuando se trata del ejecutivo estatal y el manejo de recursos públicos.
Gabriela de la Paz, Liliana Flores Benavides y María Elena Assad, quienes respaldaron el mensaje, coincidieron en que la impunidad de Samuel no solo afecta el presente, sino que sienta un peligroso precedente para las futuras administraciones.
La falta de voluntad política para abrir a escrutinio las decisiones gubernamentales deja a la ciudadanía en una posición de vulnerabilidad institucional. Ante esto, las activistas insisten en la necesidad urgente de mecanismos ciudadanos de vigilancia, que permitan detener la normalización de la opacidad en la esfera pública.
Fiscalía garantiza la impunidad de Samuel García
La Fiscalía General de Justicia, encabezada por Javier Flores, fue la instancia que determinó el cierre de las carpetas de investigación contra el Gobernador. Esta decisión fue reportada por El Norte el pasado viernes, lo que detonó una nueva oleada de cuestionamientos sobre la independencia del Ministerio Público en el estado.
El hecho de que el Fiscal haya decidido archivar todos los casos sin emitir explicación pública, y en un periodo tan corto de tiempo, ha sido interpretado como una señal clara de protección institucional al poder político.
En lugar de profundizar en los indicios relacionados con triangulaciones financieras y operaciones con recursos públicos, la Fiscalía optó por cerrar los expedientes, lo cual, según críticos, solo evidencia que la impunidad de Samuel está siendo legitimada desde dentro del sistema judicial.
Esto refuerza la percepción de que, en Nuevo León, la justicia no actúa con autonomía, sino al ritmo de los intereses de quienes están en el poder. Una situación grave que erosiona la legitimidad institucional del estado y debilita las bases democráticas del país.
¿Quieres conocer más sobre las carpetas cerradas y las acusaciones de impunidad? Lee el siguiente artículo: ‘Alarmante y sospechoso’: activistas sobre presunto ‘carpetazo’ a investigaciones contra Samuel García
