En Nuevo León, se ha destapado un escándalo grave que cuestiona la verdadera postura del gobierno de Samuel García y Mariana Rodríguez frente a la protección animal: la denuncia saqueo animales del zoológico La Pastora. La activista Claudia Tapia Castelo ha anunciado que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Bernardo Bichara, presidente ejecutivo de Parque Fundidora, por el presunto saqueo de animales que suman hasta 250 ejemplares. Este caso pone en evidencia la contradicción entre las declaraciones del gobierno estatal y las acciones que realmente ocurren.
Contexto Del Escándalo De La Pastora
La activista Claudia Tapia Castelo indicó que 120 animales fueron sacados ilegalmente del zoológico, mientras que otros 130 fueron removidos bajo permisos con presuntas irregularidades. Tapia reconoce que no puede demandar directamente al Ejecutivo estatal por el fuero, pero responsabiliza a Bernardo Bichara por autorizar o permitir esas extracciones ilícitas. La denuncia contempla violaciones a la Ley de Vida Silvestre y al Código Penal Federal por omisiones administrativas y por deterioro del bienestar animal.
Curiosamente, cuando surgen las acusaciones, el gobierno y la figura pública de Mariana Rodríguez intentan minimizar la gravedad. Por ejemplo, ella aseguró que la osa afectada “no era víctima de maltrato sino que padece una enfermedad”. Estas afirmaciones contrastan fuertemente con las denuncias ciudadanas de abandono, ocultamiento y falta de transparencia.
El Caso De Mina: Un Símbolo De Crueldad
Un caso emblemático es el de la osa llamada Mina, exhibida en redes sociales en condiciones alarmantes: desnutrición, pérdida de pelaje, úlceras en la piel e insectos presentes. Profepa clausuró temporalmente el zoológico tras detectar fallas graves en su atención y manejo. El traslado de Mina al centro especializado Invictus en Hidalgo fue una medida emergente para evitar su muerte en condiciones deplorables. Este caso se ha vuelto símbolo de la contradicción entre lo que prometen en público y lo que sucede detrás del telón.
Contradicciones Del “Cero Tolerancia Al Maltrato Animal”
Desde que asumieron, Samuel García y Mariana Rodríguez han repetido que habrá cero tolerancia al maltrato animal en Nuevo León. Pero los hechos demuestran lo contrario: saqueos de animales, denuncias de ocultamiento, clausuras momentáneas y omisión de sanciones contundentes. El discurso gubernamental queda desacreditado frente a la indignación ciudadana.
La Omisión Como Cómplice
Permitir que se extraigan animales, incluso bajo permisos cuestionables, implica que autoridades estatales, e incluso federales, miran hacia otro lado. Tapia afirma que hubo órdenes desde “altos funcionarios” de que el tema se mantuviera en silencio. Esa omisión activa permite que se consoliden irregularidades sin rendición de cuentas.
Responsabilidades Y Destinos Oscuros
Bernardo Bichara, como administrador de Parque Fundidora, es el blanco principal de la denuncia. También se señala a funcionarios estatales que autorizaron o toleraron las extracciones, personal dentro del zoológico que permitió o encubrió el traslado de animales a particulares o “destinos desconocidos”, y organismos federales que, a pesar de clausuras o inspecciones, no han aplicado sanciones contundentes.
Hacia Dónde Pueden Haber Ido Esos Animales
Hay denuncias de casos en que animales remanentes fueron enviados a ranchos de cacería, avenidas privadas, convenios opacos o destinos no documentados. Se ha señalado que muchas extracciones legales presentaron permisos poco claros, sin transparencia ni rastreo. El destino final de esas especies representa un misterio que exige investigación.
Qué Pide La Sociedad Y Las Organizaciones
Claudia Tapia exige que la FGR atraiga el caso y proceda contra Bernardo Bichara y colaboradores. Se demanda que se esclarezca quiénes autorizaban permisos arbitrarios y qué destino tenía cada animal movilizado.
Intervención Pública Y Transparencia
Se pide que organismos como Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente federal auditen todo el proceso. Organizaciones como Prodefensa Animal (Prodan) exigen sanción ejemplar para quienes permitieron el maltrato, especialmente por el caso de la osa Mina. La sociedad exige que el zoológico La Pastora sea transformado o cerrado si no puede garantizar condiciones mínimas de bienestar animal.
Que asociaciones externas puedan tener acceso al recinto para revisión, que se publiquen los inventarios reales de especies con ubicación y condición, y que no haya impunidad bajo el manto del poder estatal.
La Dicotomía Entre Promesas Y Realidades
El caso del saqueo de animales en La Pastora desnuda una crisis de credibilidad para el gobierno de Samuel García y Mariana Rodríguez. El uso de un discurso “proanimal” no se sostiene frente a evidencias de abandono, extracción ilegal, permisos opacos y silencio institucional. Si realmente respetaran la vida silvestre, su primera acción sería impulsar investigaciones imparciales, sancionar sin contemplaciones y garantizar transparencia total en el zoológico. Mientras tanto, la denuncia penal contra Bernardo Bichara es apenas el primer paso para revelar qué ocurre cuando los discursos “verdes” chocan con la realidad política.
Profepa Documentó Maltrato Animal En Zoológico La Pastora
Durante las inspecciones realizadas del 25 al 27 de septiembre, Profepa encontró que Mina, una hembra de oso negro catalogada como especie en peligro de extinción, presentaba lesiones, úlceras y desnutrición severa. Mina fue trasladada al Centro de Rescate y Rehabilitación INVICTUS, en Pachuca, donde recibe atención médica especializada. Además, reveló que la osa padece leptospirosis, una enfermedad zoonótica sin registro de atención ni tratamiento en el expediente del zoológico.
El hallazgo motivó la clausura temporal del recinto, aunque la decisión fue revertida días después sin que la autoridad federal anunciara públicamente el cumplimiento de las medidas correctivas. La reapertura del zoológico La Pastora sin un informe público del gobierno estatal ha causado indignación. Ciudadanos y activistas cuestionan por qué se impidió el acceso a la prensa y por qué el recinto volvió a operar sin demostrar mejoras en el trato hacia los animales.
Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial que confirme el estado de salud de las especies ni las condiciones del zoológico. Mientras tanto, Profepa mantiene abierta la investigación por el caso Mina, que continúa simbolizando la falta de transparencia y responsabilidad institucional en la gestión del recinto.
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